La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha vuelto a poner una pica en la espalda del presidente colombiano Álvaro Uribe. En su nuevo informe, presentado esta semana, califica de “preocupante” la reaparición de masacres y amenazas “contra poblaciones vulnerables por parte de bandas emergentes” en algunas zonas del país.
Si bien, la OEA también matiza sus críticas al destacar “los esfuerzos del Gobierno colombiano para la desmovilización de los paramilitares, la indemnización a sus víctimas y la creación de espacios de diálogo en el país”.
Pero el retorno de ominosas masacres perpetradas por los grupos paramilitares sigue escandalizando a los expertos colombianos. Y lo peor es que estos grupos siguen actuando de acuerdo con las fuerzas militares. Las confesiones realizadas en los últimos días por los antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para acogerse a beneficios judiciales han activado las alarmas. También la presión de las ONG y la propia actuación de instituciones vinculadas al Gobierno, como la Consejería de Derechos Humanos o del Grupo Memoria Histórica (GMH) comienzan a aclarar episodios sombríos de la historia reciente de Colombia.
El último informe del GMH sobre la masacre del pequeño poblado de El Salado, en el norteño departamento de Bolívar, ha conmovido al país entero: “La primera víctima fue Eduardo Novoa. Le mocharon una oreja y le pusieron una bolsa en la cabeza. Después lo pelaron con espino. Gritaba que no lo mataran, le pegaban patadas y puñetazos, toda la cara se la partieron y nos decían: Miren, para que aprendan y vean lo que les va a pasar a ustedes. Luego lo tiraron a la cancha y le dispararon se demoró en morir”. Estos hechos ocurrieron en febrero de 2000.
La orgía de sangre perpetrada por unos 450 paramilitares duró varios días. En total fueron 350 las víctimas en toda la zona. Los vecinos eran obligados a presenciar los suplicios de sus conocidos y familiares, mientras sonaban a todo volumen los instrumentos de música que habían hecho traer de la Casa de la Cultura. Casi todas las mujeres fueron violadas. A Neivis Arrieta, según testimonio de un superviviente, “la llevaron a un árbol de la plaza donde la desnucaron y luego la empalaron metiéndole un palo por la vagina”.
El Ejército y la Policía, que habían abandonado el pueblo poco antes de la llegada de los paramilitares, cortaron los caminos vecinales para que no pudiera llegar ayuda humanitaria. En medio de la conmoción provocada por la difusión de estos sucesos sobre los que la actuación de la Justicia ha sido prácticamente nula hasta hoy el paso decisivo para la reapertura del caso ha sido el traslado del sumario de la jurisdicción militar a la ordinaria.
Torturas a indígenas
El desfile por los tribunales civiles de varios generales de renombre por su presunta intervención directa, complicidad u omisión del deber de proteger a las personas comienza a multiplicarse. El general Pedraza está acusado de homicidio múltiple agravado y terrorismo en hechos que sucedieron bajo su jurisdicción cuando era Comandante de la III División.
El jefe paramilitar Héber Veloza, alias HH, declaró hace meses que el Ejército amparó su actuación en 2001, cuando ordenó torturar y asesinar a cien indígenas y campesinos del Alto Naya, una región estratégica para el narcotráfico, en el límite de los departamentos de la costa pacífica del Valle y Cauca. Dos meses antes, el pueblo caribeño de Changue fue arrasado por 100 paramilitares, que asesinaron a 27 personas abriéndoles el cráneo con golpes de maza.
Tal vez el caso más espectacular, aún pendiente de resolución judicial, es el del general Rito Alejo del Río, muy próximo al presidente Uribe desde su etapa de gobernador de Antioquia. Ocurrió el 10 de abril de 2001 en el Urabá antioqueño. Se acusaba al campesino Marino López y a sus vecinos de ser cómplices de la guerrilla.
Lazos con el Ejército
Los paras del grupo Élmer Cárdenas le cortaron un brazo. Herido de gravedad intentó huir pero un mercenario le segó la cabeza con un machete. Luego mataron al resto de los vecinos. No dejaron testigos. Los jefes de las AUC han declarado que estas acciones fueron apoyadas por Alejo del Río. Desde el mes pasado el general colombiano purga su delirio en el laberinto de un penal.
A la localidad de Puerto Bello, en Santander, llegaron un día de enero 60 paramilitares. Secuestraron a 43 hombres, entre ellos tres menores. Nunca aparecieron. Este número, el 43, eran las reses robadas al fundador de las AUC, Carlos Castaño. Así se las gastaban. En esta región, una hiperactiva fiscalía trata ahora de dar con 600 desaparecidos. Ya han rescatado 69 cuerpos, la mayoría descuartizados. Fueron desmembrados cuidadosamente antes de morir.
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