Colombia: Pacto Reconstituyente o crisis destituyente
Camilo Gonzรกlez Posso[1]
Vivimos en el mundo un periodo de crisis multiforme y de redefiniciones de poder que probablemente van a marcar toda esta dรฉcada que muchos llaman de trรกnsito a una nueva normalidad post pandemia. Es en ese contexto global que se han desatado las protestas e insubordinaciรณn social en Colombia como en muchos paรญses.
La pandemia agravรณ viejas crisis y desencadenรณ otras en una coyuntura de grandes fracturas acentuadas en Colombia por la confrontaciรณn propia de la situaciรณn post acuerdo de paz. En la bรบsqueda de respuestas se ha mostrado urgente considerar todas las dimensiones de esta fase en la que lo mรกs visible es la emergencia sanitaria frente al COVID 19, la depresiรณn econรณmica, la catรกstrofe social con impacto mayor en los mรกs pobres y vulnerados, el fracaso de las recetas neoliberales, la polarizaciรณn entre la insubordinaciรณn y la imposiciรณn de tiranรญas y regรญmenes de excepciรณn autoritarios para reprimir el descontento y manejar el miedo ante la pandemia.
La pandemia del COVID 19 llevรณ a los centros de poder, incluida la Organizaciรณn Mundial de la Salud, a definir el cierre total o parcial de fronteras y a medidas de bioseguridad que incluyeron desde febrero de 2020 cuarentenas en todos los paรญses con parรกlisis de la mayorรญa de las actividades sociales y econรณmicas. No obstante, algunas resistencias a seguir el modelo de enclaustramiento, se fue imponiendo la idea de disminuir la velocidad de contagio con medidas de distanciamiento social que incluyeron cierre de centros educativos, trabajo en casa sobre todo en el sector pรบblico, confinamiento de familias y zonas poblacionales con indicadores altos de contagio, dotaciรณn de hospitales de insumos y unidades de cuidados intensivos y demรกs medidas de autocuidado.
El impacto de esta parรกlisis socio econรณmica fue mayor en Colombia que en otros paรญses de similar configuraciรณn pues ocurriรณ en proporciรณn a las bajas capacidades y reservas del Estado, al peso dominante del trabajo independiente precario y de la informalidad, a las caracterรญsticas mercantiles del sistema sanitario y a la depredadora capacidad de disputa de rentas y de posiciones institucionales por parte de los mas poderosos de la economรญa y la polรญtica.
En Colombia, como en otros paรญses, la aplicaciรณn del modelo neoliberal ha llegado a un estadio de inestabilidad y de crisis recurrentes, con sobre endeudamiento del Estado, dรฉficit creciente en la balanza de pagos y en la balanza comercial, dependencia en el 85% de las exportaciones primarias โ minero energรฉticas y de cuatro productos agrรญcolas con bajo valor agregado -.
La captura del Estado por las grandes corporaciones locales y sus aliados multinacionales se ha convertido en variable decisiva de la acumulaciรณn, concentraciรณn de la riqueza y transformaciรณn de Colombia en uno de los paรญses mรกs inequitativos del mundo y el segundo en el continente.
Las polรญticas macroeconรณmicas, la tributaciรณn y la contrataciรณn pรบblica se han puesto al servicio del sector financiero y de los oligopolios, llegando a la privatizaciรณn y tercerizaciรณn de lo pรบblico y a la precarizaciรณn del trabajo a todos los niveles, incluido el tรฉcnico y profesional.
La economรญa campesina y la industria manufactura siguen siendo asfixiadas por los tratados asimรฉtricos llamados de libre comercio; mientras que la propiedad colectiva y ambiental siguen sometidas a la disputa violenta de territorios para entregarlos a megaproyectos.
La pandemia fue abordada por el gobierno reforzando el modelo clรกsico de respuesta pasiva a la enfermedad o al riesgo de contagio. Durante el 2020 la gestiรณn sanitaria frente al COVID 19 fue rutinaria, lenta y mediada por agentes tramitadores de insumos y atenciรณn de urgencias. La respuesta del Estado quedรณ prisionera del sistema dominado por las EPS y la reacciรณn de Unidades de Cuidados Intensivos. No se mostrรณ capacidad alguna para replantear la polรญtica pรบblica de modo que se le diera importancia a la prevenciรณn atendiendo la emergencia en seguridad alimentaria y con estrategias territoriales de salud comunitaria, familiar y ambiental. Y para completar, a finales de 2020 e inicio del 2021, el gobierno fue negligente en la programaciรณn de compra de vacunas y permitiรณ que se generaran sobre costos y demoras para lograr niveles adecuados de vacunaciรณn a los diversos grupos poblacionales y a las regiones con situaciones criticas.
Son conocidos los indicadores de la depresiรณn econรณmica y el colapso social[2]. Tambiรฉn son conocidos los indicadores de aumento de la desigualdad y del apoyo gubernamental para el logro de utilidades exorbitantes del sector financiero y de las grandes empresas durante la pandemia. Se ha documentado ampliamente el abuso de la fuerza policial y de la persistencia de violencias permitidas por omisiรณn de acciones desde el gobierno y aplicaciรณn de polรญticas de guerra en lugar de la implementaciรณn de los acuerdos y de nuevas polรญticas de construcciรณn de paz. Incluso se han llenado las redes de informaciรณn sobre la interrelaciรณn del origen de esta pandemia, como de epidemias que le antecedieron, con el choque de la actual civilizaciรณn y la vida en el planeta, el choque de la expansiรณn acelerada de los sistemas humanos a costa de los ecosistemas y los sistemas de otros seres vivos que son desterrados y sometidos a la extinciรณn.
A pesar de tanta informaciรณn son frecuentes los anรกlisis parciales que tienden a reducir las caracterรญsticas de la crisis, la explosiรณn e insubordinaciรณn social a unos pocos elementos sin ver el conjunto, ni la multiplicidad de componentes, ni el contexto global.
Ejemplo de esa simplificaciรณn es la definiciรณn de la situaciรณn como crisis social reducida al hambre y a las condiciones de empobrecimiento. Quienes se quedan en ese enunciado buscan las respuestas o soluciones en planes de alivio inmediato. Otros dicen que se trata de una explosiรณn de la juventud encabezada por lo que peyorativamente llaman los NINI – NI, ni trabajo ni empleo, ni futuro. Sobrevaloran protagonismos importantes como el de la Primera Lรญnea y oscurecen el sentido antisistema de la movilizaciรณn social y polรญtica de millones de jรณvenes en las jornadas del Paro Nacional. Desde esta visiรณn minimalista, a veces muy conveniente para la cooptaciรณn, la alternativa la buscan en mini planes de empleo y educaciรณn para los jรณvenes. Tambiรฉn estรกn los enfoques que se reducen a la indignaciรณn ciudadana por los abusos de la policรญa y graves violaciones a los derechos humanos.
A ninguna de estas aproximaciones les faltan argumentos en la defensa de su parcela, pero se quedan a mitad de camino si no la entienden como parte de una totalidad en la cual la reivindicaciรณn particular tiene significado, existencia y posibilidad de soluciรณn[3].
Por otra parte, el reduccionismo lleva a una lectura rutinaria y cuantitativa de las protestas sin comprender el significado de la ruptura histรณrica que se ha producido por la revoluciรณn de conciencia para toda una generaciรณn que encontrรณ nuevos caminos para rechazar no solo las manifestaciones lesivas del sistema local y global sino para darse la oportunidad de pasar, desde y con las resistencias, a la utopรญa posible, a la visiรณn de otra forma de vivir en sociedad.
Muchas de las simplificaciones, e incluso la uniรณn de simplificaciones, tienden a buscar programas y consensos mรญnimos sectoriales y llaman al pragmatismo para presentar reivindicaciones y propuestas supuestamente viables que dejan para despuรฉs los asuntos polรญticos y econรณmicos que conllevan antagonismos, fuertes oposiciones o que suponen ruptura de sistemas.
Propuestas de pacto social
En medio del paro nacional se han presentado propuestas de construcciรณn de un nuevo pacto nacional y tambiรฉn de pactos parciales para promover algunas reformas. Unos ponen el รฉnfasis en los contenidos del pacto y otros incluyen ademรกs los procedimientos para alcanzarlo.
Considerando primero los procedimientos del pacto la lista de propuestas ha incluido la realizaciรณn de una consulta popular en noviembre de 2021 o en fecha distinta a las elecciones en el aรฑo 2022, la inclusiรณn de papeleta en las elecciones a consejos de juventud, de papeleta de mandato en las elecciones de marzo de 2022, convocatoria a un proceso Reconstituyente, con o sin asamblea constitucional.
Al mismo tiempo se han propuesto leyes que buscan responder a las exigencias del Pliego Nacional de Emergencia presentado por el Comitรฉ Nacional de Paro. Y en otro terreno se promueven pactos populares democrรกticos sustentados en asambleas locales y regionales por fuera de mecanismos electorales.
La opciรณn legislativa, la primera prueba post paro
El Comitรฉ Nacional de Paro decidiรณ en junio de 2021 cambiar la estrategia del paro indefinido por las convocatorias escalonadas a jornadas de movilizaciรณn para exigir respuestas del gobierno en mesas sectoriales o regionales de diรกlogo y para respaldar un paquete de leyes a ser tramitas en el Congreso de la Repรบblica en las รบltimas legislaturas del cuatrienio o a partir de agosto de 2022.
Ese paquete de leyes fue anunciado el 20 de julio y su tramite depende de acuerdos con los congresistas independientes, de oposiciรณn con el concurso de senadores y representantes de los otros partidos que se diferencian en algunos temas de sus propias bancadas. El primer grupo de iniciativas legislativas incluye 10 proyectos,
- Renta bรกsica de emergencia. Crea una renta bรกsica de emergencia de un salario mรญnimo mensual legal vigente por 12 meses para 7,5 millones de hogares que se encuentran en la pobreza y que han sido especialmente afectados por la crisis econรณmica que vive el paรญs. Dicha Renta Bรกsica de emergencia cuenta con enfoque de gรฉnero y con medidas de veedurรญa y participaciรณn ciudadana.
- Matricula cero en educaciรณn superior. Garantiza la gratuidad universal de la educaciรณn superior en todo el paรญs para acceder a los programas de pregrado y posgrado en todas sus modalidades y propone que se disponga nuevos recursos del presupuesto general de la naciรณn para su financiaciรณn.
- Fortalecimiento de la red pรบblica de salud y dignificaciรณn y formalizaciรณn laboral para enfrentar la pandemia. Establece medidas para resolver de manera inmediata a la problemรกtica de desfinanciaciรณn de la red pรบblica de salud, la formalizaciรณn laboral y atenciรณn a la salud mental de trabajadores del sector.
- Apoyos para reactivaciรณn econรณmica de las mipyme y la generaciรณn de empleo. Amplia los apoyos en subsidios y crรฉditos para las micro y pequeรฑas empresas, asรญ como mejorar y crear diversas medidas para la generaciรณn y sostenimiento de empleos y asรญ contribuir en la reducciรณn del desempleo que ha dejado el COVID.
- Apoyos para la reactivaciรณn del sector agropecuario. Mejora las medidas de financiamiento para la reactivaciรณn del sector agropecuario, alivios financieros adicionales para deudores del sector agropecuario, crรฉditos de emergencia para la reactivaciรณn del sector, y establecimiento de un fondo para la estabilizaciรณn de los precios de los productos agropecuarios.
- Derogatoria del decreto 1174 de 2020 sobre piso de protecciรณn social. Deroga el decreto 1174 de 2020 que reglamenta el acceso y operaciรณn del Piso de Protecciรณn Social para aquellas personas que mensualmente perciban ingresos inferiores a un Salario Mรญnimo Legal Mensual Vigente, con el propรณsito de establecer un marco normativo del piso de protecciรณn social conforme a los convenios de la OIT.
- Acciones promociรณn, prevenciรณn y capacitaciรณn para luchar contra las violencias basadas en el gรฉnero. Fortalece e integra las entidades nacionales encargadas de generar las acciones de promociรณn, prevenciรณn y capacitaciรณn para luchar contra las violencias basadas en el gรฉnero, asignar presupuestos pertinentes, crear un programa nacional de atenciรณn, un protocolo de atenciรณn a las violencias basadas en el gรฉnero, entre otros temas relacionados.
- Garantรญas para el ejercicio del derecho a la protesta pacรญfica. Regula, por ley estatutaria, los principios, garantรญas, obligaciones y mecanismos para garantizar el derecho fundamental a la protesta pacรญfica a la luz de los estรกndares internacionales que regulan la materia y que hacen parte del bloque constitucionalidad. El proyecto da cumplimiento a lo establecido en el punto 2.2 del Acuerdo Final para la terminaciรณn del conflicto armado, a las recientes recomendaciones de la Comisiรณn Interamericana de Derechos Humanos, a las รณrdenes de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia 7641 de 2020 y a las sentencias de la Corte Constitucional en la materia.
- Reforma al estatuto de juventud (ley 1622 de 2013), para hacer mรกs efectiva e incentivar la participaciรณn polรญtica de la juventud Hace mรกs efectiva e incentiva la participaciรณn polรญtica de la juventud mediante la modificaciรณn de la ley 1622 de 2013 que creรณ el Estatuto de Juventud. Se robustece la figura de los Consejos de Juventud otorgรกndoles un carรกcter vinculante en relaciรณn con las polรญticas de juventud, otorga incentivos a la participaciรณn polรญtica de la juventud y fomenta espacios de diรกlogo que permitirรกn la construcciรณn de polรญticas mรกs cercanas a la juventud y la ciudadanรญa.
- Reforma a la policรญa. En varias iniciativas, congresistas han recogido las exigencias de reformas a la Policรญa, que van desde el desmonte del ESMAD, la renovaciรณn y cambio de la doctrina basada en la garantรญa de los derechos humanos el traslado de la Policรญa Nacional al Ministerio del Interior, la reforma al sistema de ascensos, el juzgamiento por la justicia ordinaria de los delitos cometidos por la Policรญa. Reformas todas dirigidas fortalecer el carรกcter civil de la policรญa nacional modificando y estableciendo lineamientos claros en el uso de la fuerza en las protestas, parรกmetros de identificaciรณn, fortaleciendo la participaciรณn ciudadana y la veedurรญa sobre la misma.
Ademรกs, en la misma lรญnea se han presentado proyectos de reforma tributaria que se discuten al tiempo con la propuesta entregada por el gobierno el pasado 20 de julio. Y, aunque en el Comitรฉ de Paro no le dieron prioridad, otros sectores apoyan el tramite de proyectos en temas estrechamente vinculados con la implementaciรณn de los acuerdos de paz en materia rural, electoral y de asignaciรณn de partidas en el presupuesto 2022; estรกn tambiรฉn los proyectos ambientales antifracking, sobre derechos รฉtnicos, en defensa de la consulta previa y de la regulaciรณn relativa a la coca y al cannabis de uso adulto.
La suerte del pliego nacional del Comitรฉ de Paro quedรณ en 2021 en manos de un Congreso de mayorรญa oficialista, dedicado a cuidar intereses particulares y a la campaรฑa electoral.
La estrategia del Comitรฉ Nacional de Paro de trasladar el centro de atenciรณn sobre las demandas sociales al debate parlamentario, condujo a corroborar el bloqueo impuesto por el rรฉgimen y los partidos de la coaliciรณn de gobierno a toda exigencia que altere el modelo neoliberal de reparto de beneficios y poderes. Despuรฉs de muchos debates en el Senado y Cรกmara, de plantones y audiencias en las cuales tienen voz los voceros del paro y hasta de la protesta radical, la controversia se desplaza a las urnas y a las calles.
Respuestas del gobierno
Preocupado por el desprestigio de su gobierno y por los altos costos para los partidos que lo sostienen, el presidente Duque presentรณ varias iniciativas, entre las cuales sobresaliรณ la reforma tributaria 4. No es una reforma estructural como la que recomendรณ la misiรณn tributaria nombrada por Duque en 2019, ni otro paquete al estilo del que detonรณ el levantamiento en marzo de 2021 que incluรญa aumento del IVA para bienes de consumo familiar, exenciones a las empresas, ampliaciรณn de la base tributaria y de impuestos de renta a ingresos de los asalariados e independientes, entre otras.
Se proyectรณ en el segundo semestre de 2021 una pequeรฑa reforma para recaudar 15,2 billones de pesos procedentes de detener el regalo de 5% del impuesto a la renta de empresas que estaba previsto en la reforma de 2019 de modo que esa tasa serรก del 35%; las grandes empresas ya habรญan logrado una rebaja desde 40% en 2017 a 37% en 2018. Se mantiene el retorno a los empresarios del 50% del ICA postergando el retorno total y se mantiene la sobretasa del 3% (algunos proponen 4%) a las grandes entidades financieras que tanto han acumulado en medio de la pandemia. En cambio se les promete mantener las demรกs gangas otorgadas en las reformas de 2018 y 2019 y se atiende a la propuesta de la ANDI de vender ISA Intercolombia al sector privado, abriendo la puerta a la privatizaciรณn de otros activos del Estado. Las pequeรฑas y medianas empresas serรกn gravadas al mismo nivel que las mรกs grandes.[4]
En 2020 el Ingreso Solidario transfiriรณ 4,3 billones de pesos a 3,1 millones de hogares, lo que sin descontar gastos de tramite y costos bancarios, significa aproximadamente $80.000 mensuales por familia. Ademรกs se hicieron 5 giros adicionales a Familias en Acciรณn, nueve adicionales a los vinculados al programa adulto mayor y devoluciรณn del IVA a 300.000 familias en pobreza extrema. (Minhacienda, 2021)
Con la nueva reforma tributaria el gobierno se propuso ampliar a 4.1 millones los hogares que reciben el Ingreso Seguro hasta junio de 2022. Se mantienen las transferencias o subsidios a cerca de 3 millones de beneficiarios de los viejos programas Familias en Acciรณn, Jรณvenes en Acciรณn, Colombia Mayor y hasta 2023 la matricula cero en universidades pรบblicas. Este paquete de transferencias supone un aumento en 2022 de 30% de los recursos presupuestales que tenรญan en 2020.
El otro componente importante de la asignaciรณn de los nuevos recursos se destina a la reactivaciรณn econรณmica de las empresas mรกs vulneradas en la crisis de 2020 y al estimulo del empleo, incluido lo relativo empleo joven que viene desde 2018.
Esa reforma tributaria 2021 ha sido contrastada con la que impulsรณ el gobierno en 2019 cuando pretendiรณ profundizar el modelo de concentraciรณn de capital, beneficios y subsidios pรบblicos a las grandes corporaciones y grupos financieros como el motor de la economรญa y de la respuesta a la depresiรณn econรณmica y social. Es una reforma pรญrrica que no supera el 5% del total del presupuesto nacional en 2022, que significa una pausa de un aรฑo en las polรญticas ortodoxas y contraccionistas, pero deja en firme exenciones y menores impuestos a la renta de las empresas, menor IVA a importaciones de bienes de capital y otros beneficios diseรฑados desde 2018 y en la reforma que tumbรณ el paro nacional.
Se trata de una respuesta insuficiente ante la magnitud de la crisis que en el mejor de los casos contrarrestarรก en 2022 la caรญda en la pobreza al 10% de los empobrecidos durante la pandemia, si proyectamos los cรกlculos de impacto mencionados en la exposiciรณn de motivos entregada por el gobierno el 20 de julio de 2021. (Minhacienda, 2021)
En materia de empleo e ingresos la respuesta de la gente ha sido retomar progresivamente las actividades econรณmicas, asumir los riesgos de la pandemia y volver al trabajo informal, del rebusque y de micronegocios. En lo que se refiere a las 500.000 pequeรฑas empresas quebradas en la crisis 2020 โ 2021 la recuperaciรณn ha sido lenta y para centenares de miles inalcanzable. Y lo mismo ocurre en la pequeรฑa producciรณn rural, campesina y รฉtnica, que se ha replegado a la subsistencia mรญnima con gran dificultad para llevar excedentes a los mercados locales o de exportaciรณn.
Ante esta situaciรณn, la continuidad de los programas de apoyo a las empresas, tal como lo ha planteado el gobierno, sigue siendo marginal para la mayorรญa que queda excluida de los apoyos para pago de nรณmina. La vinculaciรณn de nuevos trabajadores, incluidos los jรณvenes, es una posibilidad subordinada a la recuperaciรณn de la demanda y por lo mismo su efecto inmediato en 2021 y 2022 es mรญnimo.
En otros temas crรญticos la respuesta del gobierno ha comenzado por reafirmar sus estrategias de seguridad enfocadas en lo que define como una nueva guerra y algunos de sus aliados llaman a que en el prรณximo cuatrienio se ganen las guerras que faltan, como dijo el precandidato conservador Juan Carlos Echeverri.[5] Con ese enfoque los sectores uribistas promueven reformas a la Jurisdicciรณn Especial para la Paz, polรญticas antidroga en contravรญa de los acuerdos de paz, reformas para permitir que la procuradurรญa haga de fiscal y juez y pueda destituir a funcionarios de elecciรณn popular. Se le da vรญa libre a la contrataciรณn clientelista desde la Registradurรญa y a la injerencia corrupta de la Comisiรณn Nacional Electoral en los resultados electorales. (Novoa, 2019)[6]
La reforma a la Policรญa y las iniciativas de regulaciรณn de la protesta son otras muestras del continuismo. En esa lรญnea esta la creaciรณn de un Viceministerio en el Ministerio de Defensa. El gobierno no atiende las demandas desde el Paro de disolver el EDMAD y prohibir el uso de armas en las actividades policiales de seguridad ciudadana, de sancionar a los responsables de connivencia con civiles armados, de detenciones arbitrarias y secretas con eventos de desapariciรณn forzada y todo abuso en el uso de la fuerza. Tampoco atiende las recomendaciones de la CIDH sobre separaciรณn de la Policรญa Nacional del Ministerio de Defensa, ni la adopciรณn de nuevas medidas para la garantรญa al derecho a la protesta y la no criminalizaciรณn y represiรณn de bloqueos y cortes de vรญas que pueden ser controlados mediante el diรกlogo con los manifestantes.(CIDH, 2021). El fortalecimiento de la capacitaciรณn en derechos humanos y la introducciรณn de controles y seguimiento que plantea la reforma presentada por el gobierno el 20 de julio de 2021, van en una buena direcciรณn, pero requieren un revolcรณn a fondo anticorrupciรณn y en las acciones de control interno y competencia de la justicia ordinaria. (Duque, 2021)
La agenda de garantรญas de seguridad definida en los acuerdos de paz no figura entre las prioridades del gobierno, ni la adopciรณn de polรญticas y planes de acciรณn para afrontar la violencia persistente contra comunidades y lรญderes sociales, con asesinatos y agresiones que atentan contra la paz y la vigencia de los derechos humanos.
Con la ayuda de un Congreso de la Repรบblica asediado por la narco polรญtica y las mafias, presidido en su รบltima legislatura de 2021 por alfiles de grupos respaldados por negocios ilรญcitos, el gobierno y su partido le cierran el paso a las pretensiones desde la ciudadanรญa de reformas democrรกticas y de respuestas estructurales a la crisis social y polรญtica.
Pacto social y Consulta Popular
Desde la Minga รฉtnica y popular se ha planteado un pacto por la vida, democracia, paz y territorio que ha tenido varias formulaciones en los รบltimos aรฑos. Desde 2020 se conociรณ el llamamiento al pacto por la vida y la paz desde el Pacรญfico y el Sur Occidente. En medio del Paro Nacional importantes organizaciones han promovido la construcciรณn de un โpacto por un mejor paรญsโ y han tomado como base la convocatoria realizada por varias universidades a una Convergencia por Colombia para construir un pacto social. A esta idea se han sumado los ambientalistas que impulsan la Agenda 2021 โ 2030. (Pacto por la Vida, 2021)
Lo novedoso como posibilidad de nuevas dimensiones de la movilizaciรณn social ha sido la articulaciรณn de esa propuesta de pacto con la iniciativa de una Consulta Popular para someter a votaciรณn ciudadana 10 mandatos clave que resuman las demandas. Esa iniciativa ha sido considerada por el exprocurador Fernando Carrillo Flรณrez y tambiรฉn por el Consejo Regional Indรญgena del Cauca y otras organizaciones de la Minga Nacional Social y Comunitaria, tal como lo expresa el llamamiento divulgado el 20 de julio de 2021.
Los temas planteados desde el pacto, son los siguientes:
1. Un pacto fiscal que garantice un desarrollo econรณmico y social incluyente.
2. Derecho a la salud y sistema de salud, que garanticen el acceso universal, equitativo y de calidad a la salud pรบblica colectiva e individual como derecho (mรกs allรก de los mecanismos de mercado).
3. Fortalecimiento de la democracia e implementaciรณn plena de la Constituciรณn de 1991 como conquista democrรกtica, garantizando efectivamente la separaciรณn de poderes y la autonomรญa de los รณrganos de control.
4. Implementaciรณn plena de los Acuerdos de Paz como avance necesario de convivencia, garantizando el derecho a la paz y la protecciรณn de la vida de lรญderes y lideresas sociales y reincorporados.
5. Garantรญas para la protesta social y reestructuraciรณn a la fuerza pรบblica, implementando mecanismos sociales, legales e institucionales para garantizar el respeto a la vida, la dignidad y los demรกs derechos humanos, la prevenciรณn del uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza, asรญ como la protecciรณn de los bienes pรบblicos, privados y colectivos.
6. Derecho a la educaciรณn y acceso equitativo al conocimiento que garantice una educaciรณn diferenciada universal, intercultural y de calidad, para todos.
7. Garantรญas para el empoderamiento de los jรณvenes para una transformaciรณn en el ejercicio de poder y desarrollos de iniciativas de redes de acciรณn intergeneracional. โRelevo Generacionalโ
8. Derechos Humanos del Campesinado y las garantรญas para la participaciรณn directa en el diseรฑo de las polรญticas agrarias y adopciรณn de la Declaraciรณn Universal de los derechos Humanos.
9. Creaciรณn de la comisiรณn mixta permanente, mediante decreto, como la ruta y metodologรญa de participaciรณn directa del campesinado, en el proceso de diseรฑo y construcciรณn de la polรญtica (Art 253 de la ley de 1955 del 2019-PND).
10. Participaciรณn social y comunitaria, para que dentro de los acuerdos nacionales se garanticen las condiciones y escenarios de participaciรณn de las organizaciones movilizadas en el tratamiento de las problemรกticas del pliego del paro que mรกs nos competen.
Concluye la declaraciรณn seรฑalando que,
En el encuentro con personas del sector acadรฉmico y algunos ex constituyentes, hemos encontrado que el mecanismo constitucional de la โconsulta popularโ, es el adecuado para garantizar una participaciรณn de todos los colombianos y colombianas en la definiciรณn del โPacto hacia la construcciรณn de un mejor paรญsโ, de manera que genere mandatos en torno al mismo y una dinรกmica social, institucional y sectorial que lo convierta en un hecho histรณrico en el paรญs.(Minga, 2021).
Como seรฑalaron los promotores, es clave traducir los temas identificados en las preguntas muy concretas que requiere la Consulta. Ese ejercicio de sรญntesis requiere el consenso de las organizaciones y personas que integran y respaldan el comitรฉ promotor y tiene el reto de mantener el contenido transformador seรฑalado por una insubordinaciรณn social que ha puesto en cuestiรณn pilares centrales de la polรญtica econรณmica y social, del rรฉgimen autoritario y sus estrategias represivas y de guerra.
En estos procesos participativos, como lo experimentamos en la elaboraciรณn de la Sรฉptima Papeleta en 1990, en el Mandato Ciudadano por la Paz en 1997 y en la iniciativa de Referendo por el derecho fundamental al agua (2009), el reto es lograr la mรกs amplia alianza sin minimizar el contenido de los mandatos.
La ruta de una Consulta Popular esta definida en la Ley Estatutaria 1757 de 2015, con sus 11 pasos que pueden durar hasta 13 meses desde la inscripciรณn en la Registradurรญa Nacional del Estado Civil hasta el dรญa de votaciรณn, que no puede coincidir con un dรญa de elecciones. Sin contar el tiempo de recolecciรณn de cerca de 2 millones de firmas, el lapso mรญnimo es de siete meses que incluye tiempos de entrega de formularios (15 dรญas), verificaciรณn de firmas (45 dรญas), concepto del Senado (30 dรญas), revisiรณn constitucional (45 dรญas), plazo despuรฉs de concepto del senado para la fecha de votaciรณn (90 dรญas).[7] (Congreso, 2015).
Segรบn la mencionada ley 1757 de 2015, para que se considere aprobada la Consulta popular se requiere que la pregunta sometida al pueblo haya obtenido el voto afirmativo de la mitad mรกs uno de los sufragios vรกlidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral. Segรบn el registro electoral a finales de 2021, deben votar en la consulta mรกs de 13 millones de ciudadanos y la pregunta para ser aprobada requiere la mitas mรกs uno de esos votantes, es decir mรกs de 6,5 millones.
Ademรกs se entiende que las preguntas que pasen el umbral y estรฉn formuladas como reforma legal deben ser implementadas por vรญa administrativa. Si son formuladas en tรฉrminos generales obligan al trรกmite de una ley.
Las experiencias de iniciativa ciudadana de Consulta Popular han mostrado la posibilidad para movilizar y organizar a sectores de la poblaciรณn e incidir en las esferas de los partidos polรญticos y el Congreso de la Repรบblica.
La consulta contra la corrupciรณn realizada en 2018 dejรณ en este plano lecciones notables comenzando por el impacto de la campaรฑa en la conciencia colectiva. En el otro lado exigiรณ 18 meses de campaรฑa y vueltas para pasar los filtros y umbrales que imponen las maquinarias polรญticas, los contradictores en el rรฉgimen y la propia regulaciรณn legal. A la postre no pasรณ el umbral a pesar de la extraordinaria votaciรณn y el balance es pobre en transformaciones institucionales anticorrupciรณn y rico en proyecciรณn polรญtica de los promotores y en propaganda a las exigencias.
Una Consulta reducida a paliativos de corto plazo, ademรกs de incierta, es un desgaste de fuerzas para los sectores movilizados y un camino de cooptaciรณn por el rรฉgimen. Para que tenga sentido realmente transformador o al menos como un paso adelante en la construcciรณn del poder social Reconstituyente y contra el rรฉgimen autoritario, corrupto y de inequidad, debe incorporar las exigencias centrales de la movilizaciรณn.[8]
Otra papeleta en las urnas
Durante el Paro Nacional y en los meses de repliegue despuรฉs del 28 de junio, se han escuchado otras propuestas para darle proyecciรณn a la movilizaciรณn en procesos electorales
Algunos de los grupos de la Primera Lรญnea han propuesto meter en las urnas una papeleta que exija la disoluciรณn del ESMAD y la reparaciรณn a todas las vรญctimas de abusos policiales durante el Paro Nacional.
El gobierno nacional por su lado lanzรณ desde mayo la convocatoria a lo que llamรณ el Pacto Joven y promoviรณ eventos de diรกlogo sobre demandas en empleo y educaciรณn. Como parte de ese pacto el gobierno tambiรฉn propuso fortalecer los Consejos de Juventud como instrumentos para canalizar propuestas de la juventud en los municipios. En la misma lรญnea la alcaldesa de Bogotรก, Claudia Lรณpez Hernรกndez, propuso impulsar una papeleta para ser introducida en las elecciones de Consejos de Juventud convocadas para noviembre de 2021. Serรญa una papeleta indicativa de exigencias mรญnimas con posibilidad de convertirse en referente para la toma de decisiones en polรญticas pรบblicas y planes de inversiรณn. El no haber surgido desde abajo, desde la movilizaciรณn y de las expresiones disruptivas de la inconformidad, le restan convocatoria a estas propuestas de Pacto Joven y de papeleta simbรณlica.
Estas iniciativas buscan canalizar la inconformidad juvenil en acciones pacรญficas, pero ofrecen un mecanismo solo simbรณlico, no vinculante. Y ademรกs, el objetivo de normalizaciรณn sin cambios esenciales tiene el supuesto de que los grandes problemas de la economรญa, la polรญtica, la paz, el ambiente, el patriarcado, la diversidad, la cultura y la garantรญa de derechos polรญticos no estรกn en el centro de la agenda de los jรณvenes en Colombia.
En toda esta bรบsqueda de alternativas o de acciones complementarias, se ha considerado tambiรฉn promover en las elecciones de marzo de 2022, una papeleta al estilo de la Sรฉptima Papelera que sin permiso se metiรณ en las urnas en 1990 y fue decisiva para el proceso constituyente aunque la Registradurรญa no la contabilizรณ. Fue un hecho polรญtico antisistema en medio de un levantamiento democrรกtico contra la violencia, las mafias narcotraficantes y por la paz.
En 2022 serรญa la Tercera Papeleta por un nuevo paรญs, que se invitarรญa a meter en las urnas junto con el voto por listas de Senado de la Repรบblica y Cรกmara de Representantes. Con la Tercera Papeleta se respaldarรญa el pacto por un mejor paรญs, los pliegos del paro y las reformas incluidas en la consulta y en las iniciativas del Comitรฉ Nacional de Paro. Simultรกneamente se pueden promover pactos en las regiones y a nivel nacional para que los candidatos al Congreso de la Repรบblica y a la presidencia incluyan en sus programas los mandatos de la Tercera Papeleta.
Esta papeleta podrรญa tener mayor alcance si se logra un acuerdo polรญtico y social que obligue al presidente a promulgar un decreto asignando a la Registradurรญa los recursos para contabilizarla tal como se hizo con el Mandato por la paz, la vida y la libertad, en las elecciones de octubre de 1997. Este procedimiento de โMandato Ciudadanoโ no tiene el carรกcter vinculante de las formas de participaciรณn constitucionalmente establecidas, pero como lo seรฑalรณ la sentencia de la Corte Constitucional sobre el mandato de 1997, adquiere un significado polรญtico mayor que obliga a todas las autoridades y funcionarios a considerarlo para la definiciรณn de normas y polรญticas pรบblicas.
El Mandato por la Paz, la Vida y la Libertad, es una exhortaciรณn del pueblo a los รณrganos del poder y a los ciudadanos para que conformen su acciรณn y su conducta a los principios polรญticos consignados en el Preรกmbulo y muy especรญficamente a la directriz contenida en el artรญculo 22, que prescribe: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.” Tal deseo, respaldado por una votaciรณn tan significativa, tiene un indudable valor polรญtico y un fuerte contenido moral, y debe obrar a modo de pauta orientadora de la actividad legislativa, gubernativa y judicial, lo mismo que de propรณsitos y metas de los ciudadanos, pero no es posible, constitucionalmente, erigirlo en parรกmetros obligados para confrontar con ellos el contenido de las leyes, mucho menos si รฉstas son anteriores a รฉl y han sido ya objeto de anรกlisis y de pronunciamiento de constitucionalidad por parte de la Corte. Considera la Corporaciรณn que no le asiste razรณn a la demandante, pues el Mandato por la Paz, la Vida y la Libertad, por las razones que se dejan expuestas, no es una norma jurรญdica y, mucho menos, puede considerarse como un acto reformatorio de la Constituciรณn. (Sentencia C-339/98).
En 2010, una amplia alianza social y polรญtica intentรณ realizar un Mandato exigiendo acuerdos humanitarios y negociaciones de paz pero el Consejo Nacional Electoral se opuso ante el veto de algunos de los partidos oficialistas allรญ representados. De modo que esa ruta de pedagogรญa e incidencia polรญtica requiere altos niveles de movilizaciรณn y pactos polรญticos amplios. Una iniciativa como la Tercera Papeleta sรณlo tiene posibilidad de ser instrumento de protesta y presiรณn por el cambio si es sustentada por la Minga รฉtnica, campesina y popular, el Comitรฉ de Paro, las primeras lรญneas, las mesas locales y regionales formadas desde el 28 de abril, los promotores de pliegos y pactos en medio de la protesta, entre otros.
En la situaciรณn post paro en Colombia siguen activas las dinรกmicas de la movilizaciรณn social pero los mecanismos institucionales de participaciรณn estรกn bloqueados para acciones que cambien los pilares del rรฉgimen, incluido el poder corrupto, clientelista, el modelo de inequidad, las mafias incrustadas en las instituciones, los para y narco polรญticos y las mรบltiples alianzas contra la paz. Tal vez la propuesta de tercera papeleta con las exigencias disruptivas del paro pueda servir de conector entre la inconformidad y la polรญtica, entre la democracia de la calle y las campaรฑas electorales alternativas al rรฉgimen.
Esta reseรฑa de iniciativas post paro, agenda legislativa, consulta y papeleta joven, muestran la dificultad de encausar la protesta e insubordinaciรณn social en mecanismos participativos hoy altamente controlados por el Congreso de la Repรบblica y la coaliciรณn de gobierno. El esfuerzo de reducir al mรญnimo los contenidos de las exigencias contenidas en por lo menos 7 pliegos de exigencias presentados en el Paro Nacional, puede terminar siendo inรบtil y contraproducente. Cuando se convierte el pacto en el objetivo y las demandas transformadoras se disuelven, o se colocan en segundo plano, se debilitan los movimientos de protesta y de cambio polรญtico. Por el contrario el objetivo, que puede sintetizarse en formulas bรกsicas, es el que ordena posibles pactos, alianzas, estrategias y procedimientos.
Tal vez la mirada estratรฉgica de la situaciรณn debe partir de que ya se configurรณ un pacto por la vida entre los sectores que se expresaron en las movilizaciones en ascenso desde la firma del acuerdo de paz, en las jornadas de 2019, 2020 y en el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021. El alcance transformador de lo que sigue, y de nuevos pactos, depende de consolidar las alianzas que de hecho se constituyeron y de fortalecer las expresiones organizativas y de poder democrรกtico tejidas en la protesta y en las resistencias.
Esa democracia directa y participativa de las asambleas comunitarias, de la Minga รฉtnica, campesina y popular, de los artistas e intelectuales, de los movimientos societales ambientalistas, de mujeres, de LGTBI, de los movimientos polรญticos alternativos al rรฉgimen, y todas las primeras lรญneas, son los sujetos transformadores que pueden sustentar las alternativas polรญticas en este periodo.
Los debates sobre un proceso Reconstituyente para un nuevo pacto en esta dรฉcada
Ni el gobierno ni los voceros de los agrupamientos mรกs visibles del Paro Nacional 28 A-M-J han presentado como salida a la actual crisis la convocatoria a una Asamblea Constituyente al estilo de lo ocurrido en Chile cuando el levantamiento de 2019. Por el contrario, al cumplirse el 5 de julio los 30 aรฑos de la promulgaciรณn de la Constituciรณn Polรญtica de Colombia en la Constituyente de 1991, son muchas las voces que llaman a oponerse a la idea de Constituyente y a buscar en cambio su reconocimiento como gran contrato de sociedad y norte para nuevos pactos de convivencia.
Pero al mismo tiempo desde varias esquinas se muestra que el marco institucional vigente necesita lo que voceros de la Minga han llamado un proceso Reconstituyente, con mayรบscula, que complete la tarea de la Asamblea de 1991 y le salga al paso a la imposiciรณn de un rรฉgimen autoritario que se superpone al Estado Social de Derecho y avanza en el camino de la contrareforma, la negaciรณn de la paz y la imposiciรณn de gobiernos basados en estados de excepciรณn de hecho o legalizados. Desde el Centro Democrรกtico se ha hablado en algunos momentos de una constituyente para reformar la justicia, pero esa idea no ha entrado en consideraciรณn en medio de la insubordinaciรณn de 2021 y de las respuestas desde la coaliciรณn de gobierno.
En Chile las movilizaciones sociales que se desencadenaron a partir de demandas mรญnimas como las tarifas del metro de Santiago condujeron al enfrentamiento a las polรญticas del gobierno y de allรญ al choque con las herencias aun vigentes de la dictadura de Pinochet. Se dio un transcrecimiento de reivindicaciones y el encadenamiento de exigencias de mejora en las condiciones econรณmicas para adquirir en la cรบspide de las confrontaciones y de la crisis de ingobernabilidad un contenido polรญtico de redefiniciรณn de la organizaciรณn del Estado y de las garantรญas para la efectiva realizaciรณn de los derechos. La movilizaciรณn social se integrรณ con la oposiciรณn polรญtica pacรญfica y radical al gobierno neoliberal y al pinochetismo sobreviviente.
El proceso que llevรณ en Chile a la Convenciรณn Constituyente elegida en mayo de 2021, se agigantรณ con el levantamiento ciudadano de octubre de 2019 despuรฉs de tres dรฉcadas de debates sobre la necesidad de reemplazar la constituciรณn de 1980 que promoviรณ Pinochet y se impuso como base para la transiciรณn a la post dictadura. La iniciativa de nueva constituciรณn estaba en la agenda del Congreso chileno y de los partidos no pinochetistas cuando estallรณ la protesta encabezada por los jรณvenes y respaldada por partidos polรญticos. Fueron esos partidos los que firmaron el pacto en diciembre de 2020 con la ruta para convocar a la convenciรณn constituyente.
En Colombia las iniciativas de convocatoria a otra constituyente han sido debatidas en la รบltima dรฉcada en circunstancias extremas. En las conversaciones iniciadas en La Habana entre el gobierno y las FARC EP en 2012, se debatiรณ la idea de llevar a una Constituyente los acuerdos de paz para su refrendaciรณn y para la construcciรณn de la institucionalidad bรกsica de su implementaciรณn. Esa opciรณn fue descartada y el gobierno impuso la realizaciรณn de un referendo que resultรณ fallido. Tambiรฉn se ha considerado la hipรณtesis de convocatoria a una Constituyente para una segunda ronda de acuerdos de paz que cierren definitivamente las confrontaciones armadas con el ELN, con otros reductos insurgentes y, de otro lado, con los sectores del rรฉgimen que persisten en iniciativas de guerra y de paramilitarismo.
Las propuestas de Constituyente hechas desde el Centro Democrรกtico han sido reacciones ante el avance de procesos judiciales por parapolรญtica o investigaciones por complicidad con el paramilitarismo. Asรญ ocurriรณ en 2020 cuando, por unos dรญas, fue privado de la libertad el expresidente รlvaro Uribe Vรฉlez. En ese momento el CD propuso en declaraciรณn oficial una Constituyente para reformar el sistema de justicia, y en particular a las cortes, con la idea de crear una sola corte y licuar de paso procesos penales incomodos. En palabras de la senadora Paloma Valencia,
โSe necesita una constituyente para crear una corte รบnica que permita unificaciรณn, claridad y anule el sentimiento de trampa que muchos colombianos piensa. Una sola corte con magistrados รญntegros donde no haya ninguna puerta giratoria con la polรญtica y que renuncien a cualquier vรญnculo electoralโ.[9]
Al momento del Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 y de las protestas en la mayorรญa de las ciudades de Colombia, el alcalde electo de Medellรญn hablรณ de la posibilidad de una constituyente como alternativa a la crisis. En la carta dirigida al presidente Ivรกn Duque, Daniel Quintero seรฑalรณ que la Conversaciรณn Nacional entonces convocada deberรญa considerar la convocatoria a una constituyente,
“El andamiaje institucional actual no permite llevar a cabo las reformas que requiere el paรญs. La gente estรก en la calle porque siente que merece un futuro diferente. Las regiones estรกn atrapadas en un modelo centralista; el Congreso ha fallado en reformarse; la justicia estรก estancada y los escรกndalos de corrupciรณn no paran. El campo lleva dรฉcadas esperando reformas que le permitan desarrollarse; el desempleo aumenta y los empresarios encuentran todo tipo de barreras para crecer”.[10]
โA diferencia de la situaciรณn en Chile, en Colombia la Constituciรณn Polรญtica de 1991 es defendida por los partidos de oposiciรณn, independientes e incluso por casi todos los de la coaliciรณn de gobierno como pacto marco de la sociedad. Los sectores democratizantes que quieren fortalecer el Estado Social de Derecho temen que una constituyente, asรญ sea pensada para un temario parcial, una vez en funcionamiento cobre mayor autonomรญa y se pongan en peligro logros democrรกticos que siguen vivos en la Constituciรณn del 91.
Ronda el fantasma del referendo de 2016 cuando por estrecho margen ganรณ el No al pacto de paz firmado en La Habana y Cartagena en julio de ese aรฑo y algunos sectores que fueron decisivos en la asamblea constituyente temen volver a barajar las cartas en un escenario incierto.
Antonio Navarro Wolf (2021), quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente, expresa recurrentemente esos temores y en esta ocasiรณn volviรณ a advertir que โLa idea de que una asamblea constituyente โsiempreโ produce reconciliaciรณn es equivocada. Fue cierta en 1991, pero hoy puede ser mรกs polarizadora, con consecuencias en la Constituciรณn, no es una buena ideaโ.
Detrรกs de afirmaciones se concluye con razรณn que no corresponde a este periodo histรณrico matar la Constituciรณn Polรญtica de 1991, pero esa buena tesis no puede obviar la necesidad de hacer una valoraciรณn de la crisis institucional y de ingobernabilidad que se ha mostrado en medio de la pandemia y la catรกstrofe social, ni tampoco de las dimensiones de la insubordinaciรณn social y sus potencialidades transformadoras. Con frecuencia prima la percepciรณn pesimista de la continuidad de un panorama de equilibrio de fuerzas o de predominio polรญtico de los partidarios de la contrareforma. Asalta el temor de que se facilete el plan de la ultraderecha en Colombia que ha sido explicita en el propรณsito de refundar la patria cambiado la misma constituciรณn, desmontando las cortes, estableciendo un congreso clientelista unicameral, fortaleciendo la privatizaciรณn de lo pรบblico y el corporativismo, imponiendo los principios ultra conservadores sobre la familia, los temas sexuales, el prohibicionismo, la eutanasia, el laicismo, las restricciones a la libertad, los avances en democracia participativa y derechos รฉtnicos, las soluciones negociadas para la soluciรณn de conflictos armados y construcciรณn de paz, la justicia transicional, etc, etc.
Todos esos temores no logran negar que en Colombia se estรก gestando un proceso Reconstituyente, aunque una constituyente no tiene cabida en la coyuntura actual. En medio de la crisis actual se ha mostrado la vigencia y fortaleza de la Constituciรณn Polรญtica y tambiรฉn la necesidad de una nueva ola de reformas de fondo que cierren las grietas abiertas por el rรฉgimen autoritario y los sectores neoconservadores/neoliberales. Se esta gestando lo que llaman los acadรฉmicos un โmomento constituyenteโ con potencialidades en lo que resta de esta dรฉcada y cuyo desenlace dependerรก de la dimensiรณn de la movilizaciรณn social, de los resultados electorales y de las respuestas a la recesiรณn y catรกstrofe social y econรณmica en medio de la pandemia y en la postpandemia.[11]
Ese proceso Reconstituyente puede ser impulsado en el prรณximo cuatrienio por una gran alianza que parta de reconocer los avances de la Constituciรณn de 1991 y la necesidad de darle mayor fuerza al Estado Social de Derecho y a la democracia participativa de solidaridad.
Como ha seรฑalado Armando Novoa Garcรญa, exmagistrado y expresidente de la Comisiรณn Legislativa de 1991, โa pesar de que tenemos 55 reformas, salvo la de la reelecciรณn inmediata ninguna ha logrado quebrarle la columna vertebral a la Constituciรณn. Le han quebrado unas vรฉrtebras, pero no la columna vertebral en su conjuntoโ. Novoa no desconoce la posibilidad de procesos constituyentes o de una โnueva ola constitucionalโ en la prรณxima dรฉcada:
โSiguiendo la idea de Bruce Ackerman, he dicho que no todo momento constituyente desemboca en una nueva constituciรณn. Un momento constituyente- como el caso colombiano- puede desembocar en un reclamo para que se aplique la Constituciรณn vigente y por eso la particularidad nuestra de que hay que hablar de gobiernos โconstituyentesโ.
Aplicar la Constituciรณn vigente es un punto de partida pero el otro parte de reconocer que la Constituciรณn ha caรญdo en manos del rรฉgimen y su presencia en la vida de la sociedad ha quedado en asuntos clave al arbitrio de gobiernos de turno. Siguiendo la metรกfora de Novoa, a la columna vertebral de la constituciรณn le han quebrado varias vertebras y al cuerpo entero le han disminuido funciones por lo que requiere una rehabilitaciรณn y piezas nuevas para que se complete la tarea iniciada en 1991 de edificar en el Estado Social de Derecho y la democracia participativa y de solidaridad capaz de superar el rรฉgimen que dejรณ incรณlume la constituyente de 1991, como advirtieron en su momento los constituyentes รlvaro Gรณmez Hurtado y Carlos Lleras de la Fuente. Durante 30 aรฑos hemos repetido la advertencia que ellos hicieron cuando dijeron que โhemos cambiado la constituciรณn pero no el rรฉgimenโ, ahora โle entregamos el niรฑo a Herodesโ.
Entre parรฉntesis. La categorรญa rรฉgimen se refiere a la alianza hegemรณnica del poder econรณmico, polรญtico, mediรกtico, cultural que agrupa a la elite del establecimiento integrada por partidos, grandes empresarios, dueรฑos de medios de comunicaciรณn masiva, mafias, lavadores de activos, intelectuales orgรกnicos y burรณcratas al servicio de corporaciones. Una definiciรณn similar tenรญa รlvaro Gรณmez Hurtado quien decรญa que โhay paรญses que, por encima del orden constitucional, crean un rรฉgimen. Lo que los anglosajones llaman โestablecimientoโ. Se trata de un sistema de aprovechamiento de posibilidades de mando y de los gajes del poder que crea una superestructura de connivencias, que maneja la polรญtica e influye en todos los vericuetos de la vida civil. Estรก constituido por entidades privadas, por grupos no regulados, por compromisos econรณmicos y tambiรฉn por instituciones que integran el sistema constitucional. Todos ellos participan, no en virtud de su importancia, sino de la magnitud de los provechos repartidos. No es un conjunto de solidaridades lo que les da cuerpo, sino un conglomerado de complicidadesโ (Gรณmez A, 1995, El gobierno esta โpresoโ del rรฉgimen)[12]
No hay que olvidar que la Constituciรณn Polรญtica de Colombia resultรณ como un pacto entre diversos entre los cuales pusieron su sello los socialdemรณcrata -liberales, los socialconservadores, los neoliberales y el clientelismo bipartidista. En medio de la crisis, la constituyente aprobรณ una nueva carta polรญtica modernizante, democratizante y de vanguardia en el continente, que enterrรณ a la que estuvo vigente y fue remendada desde 1886. Sobre sus virtudes se ha escrito mucho y ha sido referente en los procesos constituyentes en varios paรญses de Latinoamรฉrica.
Tambiรฉn se ha escrito sobre sus limitaciones tal como lo reseรฑamos en el libro Memorias de la Democracia, a los 20 aรฑos de la Asamblea Constituyente[13]. Pero se ha escrito menos sobre la neutralizaciรณn de muchos de los principios y normas socialdemรณcratas- liberales en 30 aรฑos de gobiernos y Congresos con hegemonรญa del rรฉgimen clientelista, corporativista, neoconservador/neoliberal. Las conquistas sociales y democrรกticas plasmadas en la Constituciรณn de 1991 son muchas y han sido defendidas por movimientos, partidos y por los controles de la Corte Constitucional y de otras cortes. Pero por los intersticios neoliberales y de captura corporativa se han multiplicado reformas constitucionales y leyes que han sido la realidad dominante de los gobiernos.
La ola contrareformista que dominรณ hasta 2016 ha sido contrarestada por el constitucionalismo de paz y el andamiaje legal que definiรณ el acuerdo de paz de 2016. Podrรญa decir que el proceso Reconstituyente tiene en su ruta crรญtica los ajustes constitucionales y legales que se diseรฑaron en ese pacto de paz para ampliar la democracia, el reformismo social y garantizar justicia, verdad, reparaciรณn y garantรญas de no repeticiรณn. A esa ruta le faltan seรฑales importantes para la transiciรณn a una paz mรกs completa, estable y duradera. La agenda de cambios institucionales para la paz sigue pendiente en muchos aspectos y se ha convertido en otro campo de antagonismo entre las fuerzas progresistas democratizantes y las promotoras de la contrareforma.
En la crisis actual se han mostrado las consecuencias de un ejercicio del poder en contravรญa del Estado Social de Derecho que se definiรณ como columna vertebral del ordenamiento institucional en Colombia. Lo que estรก primando es el desequilibrio de poderes y la reproducciรณn de gobiernos sustentados en la imposiciรณn del poder ejecutivo y de los partidos del rรฉgimen.
Las normas sobre la elecciรณn de magistrados, funcionamiento de los รณrganos de control, Defensorรญa del Pueblo, Procuradurรญa General de la Naciรณn y la Fiscalรญa General de Naciรณn se han mostrado tolerantes con la subordinaciรณn al ejecutivo, al clientelismo y a la jerarquรญa de los partidos de gobierno.
El autoritarismo se ha entronizado convirtiendo en norma polรญticas de seguridad para la guerra a viejos y nuevos enemigos internos y externos.
La fuerza pรบblica de conjunto se ha militarizado y se ha hecho evidente la insuficiencia de la definiciรณn constitucional sobre competencias, justicia y controles de las Fuerzas Armadas y de la Policรญa Nacional.
La justicia continua en crisis crรณnica sin lograr superar la ineficiencia, desequilibrios del sistema y los altos รญndices de impunidad. La crisis de la justicia no se podrรก superar sin una reforma democrรกtica de la rama.
La impunidad es la regla para los aforados que llegan a la Comisiรณn de Acusaciones de la Cรกmara de Representantes, para los civiles poderosos responsables de crรญmenes de estado, de guerra y lesa humanidad.
La garantรญa de los derechos humanos ha quedado al arbitrio de las reglas fiscales manejadas por el ejecutivo y estรก condicionada por el andamiaje legal neoliberal declarado exequible.
El ordenamiento territorial y la efectiva descentralizaciรณn han sido postergados. Con maniobras legales y hasta con decretos se impone el centralismo y de atenta contra la territorialidad รฉtnica.
La obligaciรณn de la paz y de la implementaciรณn de los acuerdos firmados, es sustituida por los programas de partido y la reiteraciรณn de estrategias de guerra.
El sistema electoral es controlado por los partidos de gobierno y dominado por el clientelismo, las mafias y la corrupciรณn.
La corrupciรณn, el poder de las mafias y del paramilitarismo, que forman parte del rรฉgimen, siguen en el ADN del ejercicio del poder del Estado sin ser contrarrestados con instrumentos constitucionales y legales suficientes.
El Estado corporativo y la captura de las instituciones por los poderes econรณmicos se ha impuesto por encima de la democracia representativa y son insuficientes los mandatos constitucionales y legales de equidad, de la democracia en los medios de comunicaciรณn, de progresividad de la tributaciรณn y de la no corrupciรณn en los grandes contratos del Estado.
No puede dejarse de lado el que la crisis mรบltiple que se ha expresado en las movilizaciones de los รบltimos aรฑos y en el Paro Nacional de 2021, incluye el choque del andamiaje institucional y del rรฉgimen con la necesidad de responder a los problemas de la salud y la vida frente a las pandemias y catรกstrofes que precipitan esta civilizaciรณn depredadora. El conservadurismo niega la urgencia de responder con nuevos instrumentos institucionales a los problemas del cambio climรกtico, a la contradicciรณn exacerbada entre el modelo de globalizaciรณn multinacional neoliberal y la Madre Tierra, o si se quiere la biosfera y la vida en el planeta.
En Colombia, como en muchos paรญses, las instituciones, regรญmenes y gobiernos que han mantenido la hegemonรญa estรกn en crisis ante la emergencia de movimientos societales transformadores como los de la mujer y la diversidad sexual, los ambientalistas, los defensores de los derechos รฉtnicos, la revoluciรณn anti hegemรณnica de la inteligencia y el conocimiento.
Todo este panorama muestra la urgencia en Colombia de nuevos pactos sociales respaldados por cambios constitucionales y legales.
En esta coyuntura no puede olvidarse tampoco la existencia de fuertes tensiones por los intereses en juego desde el contrareformismo de ultraderecha que pretende lograr las mayorรญas suficientes para cambiar pilares de la carta polรญtica, controlando no solo el Congreso de la Repรบblica sino tambiรฉn la Corte Constitucional mediante reemplazos con magistrados mรกs afines a sus proyectos de โrefundaciรณn de la patriaโ.
El contrareformismo tiene en la mira los acuerdos de paz suscritos en 2016, el desmonte del sistema de justicia transicional incluida la Jurisdicciรณn Especial para la Paz, las garantรญas polรญticas para los reincorporados, las reformas de apertura democrรกtica, de reforma rural integral, la propiedad colectiva, el capรญtulo รฉtnico y polรญticas sobre el problema de las drogas.
El proceso constituyente se pondrรก al orden del dรญa en el prรณximo cuatrienio, como contrareforma si en las elecciones se da un triunfo de la alianza entre la derecha y la ultraderecha, o como Reconstituyente si la balanza se inclina a la izquierda y centro izquierda tanto en las presidenciales como en las elecciones de congresistas. La mejor opciรณn es un nuevo reformismo en los marcos de la actual constituciรณn. El mecanismo puede ser por tramite ordinario de leyes reconstituyentes de contenido socialdemรณcrata โ liberal, de actos legislativos democratizantes como los definidos en el Acuerdo de Paz y otros en la lรญnea de profundizar la democracia. Tambiรฉn cabe pensar, en un escenario de alternancia o pacto democrรกtico y de paz, en la convocatoria a una asamblea constituyente parcial segรบn los tรฉrminos que define hoy la Constituciรณn Polรญtica de Colombia.
Cabe recordar que el artรญculo 376 de la Constituciรณn Polรญtica establece que,
Mediante ley aprobada por mayorรญa de los miembros de una y otra cรกmara, el Congreso podrรก disponer que el pueblo en votaciรณn popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el perรญodo y la composiciรณn que la misma ley determine.
Se entenderรก que el pueblo convoca a la Asamblea, si asรญ lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberรก ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrรก coincidir con otro. (โฆ).
Esto significa que toda iniciativa de Asamblea Constituyente requiere un pacto polรญtico que permita la aprobaciรณn de la ley de convocatoria por mayorรญas calificadas de ambas cรกmaras y que indica el temario y alcance de las reformas debe pasar por el control de la Corte Constitucional de modo que sea declarada ajustada a los mandatos de la constituciรณn vigente.
Se entiende que en Colombia no existe un procedimiento constitucional para derogar la constituciรณn de 1991 ni para introducir artรญculos que impliquen su sustituciรณn. No hay que olvidar que la Corte Constitucional declarรณ inexequible la ley de convocatoria a un referendo, aprobada por el Congreso de la Repรบblica para instituir la reelecciรณn presidencial por segunda vez.
En la sentencia C- 141/10 la Corte indicรณ que esa institucionalizaciรณn de la segunda reelecciรณn significarรญa una โsustituciรณn constitucionalโ y el desequilibrio completo de los poderes pรบblicos.
De modo que en Colombia sรณlo es posible un cambio de Constituciรณn, para aprobar una nueva, mediante un golpe de Estado o un acto revolucionario extra institucional. Esas opciones extremas no estรกn al orden del dรญa. Pero desde la ultraderecha algunos piensan que pueden llegar a una nueva constituciรณn debilitando el control de la Corte Constitucional de modo que deje pasar reformas sucesivas que vayan desnaturalizando la vigente.
Todos los caminos conducen a la misma conclusiรณn: se abre paso en Colombia un proceso Reconstituyente que puede llevar a la adopciรณn de las reformas legales y constitucionales, necesarias para superar la crisis crรณnica y mรบltiple que vive Colombia. Y ese proceso depende en primer lugar de la continuidad de la movilizaciรณn social y de movimientos societales que se concreten en nuevas acciones multitudinarias y en la multiplicaciรณn de poderes desde la base de la sociedad. En segundo lugar el proceso Reconstituyente requiere pactos polรญticos que se logren en sintonรญa con la movilizaciรณn social y al unรญsono de la crisis del rรฉgimen y del debilitamiento de las fuerzas de la ultraderecha. Si en las elecciones de 2022 no se expresa un cambio sustancial en la relaciรณn de fuerzas, antes de llegar a un momento constituyente democratizante se pasarรก por una fase de desequilibrios y fluctuaciones caรณticas y por tentativas de contrareforma y recomposiciรณn del rรฉgimen con exacerbaciรณn de violencias.
camilogonzalezposso@gmail.com
[1] Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz . Exministro de Estado.
[2] Resumen de datos en: https://ail.ens.org.co/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/9-06-21-Informe-presentado-por-el-Comite-Nacional-de-Paro-a-la-CIDH-9-de-junio-de-2021.pdf; ver tambiรฉn el informe de Indepaz y Temblores ONG a la CIDH en https://indepaz.org.co/informe-de-temblores-ong-e-indepaz-a-la-cidh/
[3] En el artรญculo El paro despuรฉs del paro intento mostrar la matriz de procesos que podrรญa ayudar a una comprensiรณn integrada de la insubordinaciรณn social en Colombia en 2021. Se puede consultar en www.indepaz.org.co y en https://indepaz.org.co/colombia-en-el-borde-del-caos-puede-evitar-otra-guerra/
[4] Ministerio de Hacienda y Crรฉdito Pรบblico, 2021, Proyecto de Ley de inversiรณn social. Consultar en https://cuestionpublica.com/descarga-el-texto-del-proyecto-de-ley-de-la-nueva-reforma-tributaria-de-ivan-duque/
[5] Caracol TV, 2021, Entrevista de Alejandra Villamizar al precandidato presidencial Juan Carlos Echeverri.
[6] Novoa Armando, 2021, consulta ren https://indepaz.org.co/30-anos-despues-a-pesar-de-55-reformas-la-constitucion-del-91-mantiene-su-identidad/
[7] Consultar en https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65335
- Tramite obligatorio y concertado en un diรกlogo genuino de normas que den respuesta a los pliegos presentados en el paro por los diversos sectores.
- Disoluciรณn del ESMAD y reforma de la policรญa que garantice su carรกcter civil, la desmilitarizaciรณn, respeto a los derechos humanos y adscripciรณn al Ministerio del Interior.
- Acogida de buena fe de las recomendaciones de la CIDH y de organismos internacionales sobre la garantรญa al derecho a la protesta, el rechazo a la violencia y al uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado.
- Implementaciรณn integral del Acuerdo Final de Paz, asignado a todos sus componentes los recursos y presupuesto necesario para acelerar y actualizar la ejecuciรณn. Avance en la ruta de soluciรณn pacรญfica negociada y de construcciรณn de una paz mรกs completa. Defensa del Sistema Integral de verdad, justicia, reparaciรณn y garantรญas de no repeticiรณn y de la restituciรณn de tierras y bienes a los campesinos y pueblos รฉtnicos desposeรญdos.
- Cambio del modelo extractivista neoliberal y de energรญa fรณsil. Adopciรณn de la agenda urgente de respuesta al cambio climรกtico, descarbonizaciรณn, no deforestaciรณn, defensa de la Amazonรญa y las Zonas de Reserva Forestal.
- Reforma que garantice el derecho a la salud en condiciones de equidad, igualdad, universalidad, reemplazando la ley 100 de 1994.
- Reforma Tributaria democrรกtica para responder a la crisis y al transito a la postpandemia sin nuevos impuestos a los sectores mรกs empobrecidos, ni a la clase media y para fortalecer la pequeรฑa y mediana empresa, obras pรบblicas y planes de empleo, educaciรณn, salud, vivienda y seguridad social.
- Plan de urgencia social que incluya una renta bรกsica para las familias en pobreza monetaria extrema y medidas especiales de seguridad alimentaria, prevenciรณn y protecciรณn frente a la pandemia y la crisis social.
[9] Paloma Valencia, agosto 4 de 2020. Consultar en https://www.elpais.com.co/politica/centro-democratico-propone-asamblea-constituyente-para-reformar-la-justicia.html
[10] Daniel Quintero propuso una constituyente el 24 de noviembre de 2019. Consultar en https://www.semana.com/confidenciales-semanacom/articulo/daniel-quintero-propone-una-asamblea-nacional-constituyente/641925/
[11] Ver entrevista a Catalina Botero, No estamos en un momento constituyente. En https://www.semana.com/nacion/articulo/plebiscito-para-la-paz-catalina-botero-habla-de-marchas-estudiantiles/498010/ ; tambiรฉn Botero, Uprimny, Carrillo en Hora 20 de Caracol Radio, https://alacarta.caracol.com.co/programa/hora_20/?autoplay=false
[12] Citado en Gonzรกlez C, 2012. Memorias para la democracia y la paz: veinte aรฑos de la Constituciรณn Polรญtica de Colombia. https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll4/id/2/
[13] Gonzรกlez C, 2012. Memorias para la democracia y la paz: veinte aรฑos de la Constituciรณn Polรญtica de Colombia. https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll4/id/2/