Repensar el conflicto colombiano desde las relaciones de poder en los territorios
Leonardo González Perafán
Director de Indepaz
Hay una escena que se repite cada vez que ocurre una masacre, asesinan a un líder social, hay un desplazamiento forzado, un confinamiento o un combate que deja a la población civil en medio del fuego. Suena el teléfono y casi siempre la primera pregunta es la misma: ¿qué grupo armado fue? A veces cambia un poco: ¿esa zona es del ELN o de las disidencias?, ¿hasta dónde llegó el Clan del Golfo (EGC)?, ¿quién manda ahí? Entonces empieza la conversación sobre estructuras armadas, corredores estratégicos, economías ilegales y mapas de presencia. Se identifica al responsable y, muchas veces, ahí termina la explicación.
Esas preguntas son necesarias. Saber quién ejerce la violencia y cuáles son sus intereses es el punto de partida para entender el conflicto colombiano. El problema es cuando también se convierte en el punto de llegada. Con demasiada frecuencia creemos que ya entendimos un territorio solo porque sabemos qué grupo armado hace presencia allí. Como si ponerle nombre al responsable bastara para comprender por qué la violencia ocurre justamente en ese lugar, por qué afecta a unas personas y no a otras o qué busca cambiar en la vida política, económica y social de la región.
Durante muchos años hemos aprendido a leer el conflicto colombiano a partir de los grupos armados. Esa mirada permitió entender que la guerra no era una suma de hechos aislados, sino el resultado de organizaciones que disputan corredores estratégicos, economías ilegales, recursos naturales y poblaciones. Más adelante, el concepto de gobernanza armada ayudó a mostrar que esos grupos no solo combaten. También imponen reglas, restringen la movilidad, cobran extorsiones, resuelven conflictos cotidianos y terminan influyendo en la vida de las comunidades. Entendimos que el poder de las armas no depende solo de la capacidad militar, sino también de la capacidad para intervenir en la vida cotidiana.
Sería un error desconocer ese aporte. Pero también creo que esa forma de mirar el conflicto empezó a mostrar sus límites. Poco a poco dejamos de preguntarnos por los territorios y empezamos a explicarlos únicamente desde los grupos armados. El actor armado pasó de ser una parte de la explicación a convertirse, muchas veces, en la explicación completa.
El conflicto colombiano no puede entenderse solo desde los grupos armados porque ellos no crean el poder en los territorios; llegan a intervenir sobre algo que ya existe. Encuentran comunidades organizadas, autoridades indígenas y campesinas, juntas de acción comunal, iglesias, instituciones, empresas, conflictos por la tierra, economías legales e ilegales y formas propias de ejercer autoridad. La violencia cambia muchas de esas relaciones, las transforma, las debilita o las somete según sus intereses, pero ningún grupo armado construye desde cero la realidad sobre la que pretende imponer su poder.
Esa diferencia puede parecer pequeña, pero cambia la forma de entender el conflicto. Si ponemos toda la atención en el grupo armado, el territorio termina siendo apenas el escenario donde este actúa. Pero si empezamos por las relaciones sociales, políticas y económicas que existen allí, los grupos armados aparecen como un actor más dentro de una realidad mucho más compleja. Lo importante deja de ser únicamente quién ejerce la violencia y pasa a ser qué poder está en disputa.
Y ese cambio no es solo un debate académico. Cambia la forma de investigar el conflicto, de diseñar políticas públicas y de prevenir la violencia. Si solo seguimos el movimiento de los grupos armados, siempre llegaremos después de los hechos. Si entendemos las relaciones que buscan transformar, podremos explicar por qué ciertas violencias persisten aunque cambien los nombres de quienes las ejercen y por qué algunas comunidades resisten mejor que otras.
Precisamente porque el concepto de gobernanza armada resultó tan útil, poco a poco empezamos a leer los territorios desde los grupos armados y no a los grupos armados desde los territorios.
Las armas no crean la realidad local. Llegan a intervenir sobre esa realidad. Por eso una misma organización puede actuar de manera muy distinta en un lugar y en otro. Todo depende de las comunidades, las autoridades y las instituciones que encuentre.
Ahí es donde debería estar el centro de la discusión. Más que preguntarnos quién manda en un territorio, deberíamos preguntarnos qué formas de autoridad, qué organizaciones y qué relaciones de poder están siendo transformadas por la violencia.
La mejor manera de verlo es dejar por un momento los conceptos y volver a los territorios. Allí es evidente que ningún grupo armado llega a un espacio vacío. Llega a lugares donde ya existen autoridades, organizaciones, conflictos, economías y proyectos colectivos construidos mucho antes de su llegada.
El norte del Cauca es uno de los mejores ejemplos. Muchas explicaciones sobre la violencia se concentran en las disidencias, las operaciones de la Fuerza Pública o la disputa por corredores estratégicos. Todo eso es cierto, pero no alcanza para entender lo que pasa. Allí conviven autoridades indígenas con sistemas propios de gobierno, consejos comunitarios afrodescendientes, organizaciones campesinas, juntas de acción comunal, organizaciones de mujeres y jóvenes, economías ligadas a la caña, la minería, la agricultura y los cultivos de uso ilícito, además de empresas, instituciones del Estado y distintos proyectos políticos. Esa es la realidad sobre la que intervienen los grupos armados.
Ninguno de esos actores controla por sí solo el territorio. Todos, con más o menos poder, influyen en lo que ocurre allí. Cuando un grupo armado asesina a una autoridad indígena, amenaza al presidente de una junta de acción comunal o impone restricciones a una comunidad, no está creando un orden nuevo. Está atacando formas de autoridad que ya existían. Busca eliminar a quienes le ponen límites, someter organizaciones con legitimidad o cambiar el equilibrio de poder a su favor. La violencia, en ese sentido, no reemplaza la política del territorio; intenta imponer otra mediante la fuerza.
Algo parecido ocurre en Buenaventura. Durante años la discusión se concentró en cuál banda o estructura criminal controlaba un barrio o un corredor hacia el puerto. Esa información era importante, pero terminaba reduciendo la ciudad a la disputa entre grupos armados. Buenaventura es mucho más que eso. Es el principal puerto del Pacífico colombiano, un territorio con una fuerte identidad afrodescendiente, consejos comunitarios, iglesias, organizaciones juveniles, sindicatos, procesos culturales y grandes intereses económicos ligados al comercio internacional. Los grupos armados llegan a intervenir sobre esa realidad. Buscan controlar rentas, corredores o eliminar liderazgos incómodos, pero no explican por sí solos la ciudad. Si solo miramos a los actores armados, dejamos de ver justamente lo que ha permitido que Buenaventura resista durante tantos años y que, pese a la violencia, siga produciendo organización y liderazgo comunitario.
El Catatumbo deja una enseñanza similar. Cada escalada de violencia suele explicarse por la confrontación entre el ELN y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes. Pero el conflicto allí empezó mucho antes y seguramente seguirá teniendo desafíos cuando esos actores ya no estén. Es una región marcada por la colonización campesina, los conflictos por la tierra, la economía cocalera, la palma, la minería de carbón coque, el petróleo, la frontera con Venezuela, las juntas de acción comunal, las organizaciones campesinas, las comunidades indígenas y una presencia desigual del Estado. Los grupos armados cambian pero muchas de las disputas del territorio permanecen.
Los tres casos muestran lo mismo: un grupo armado nunca explica por sí solo un territorio. Su capacidad depende de las autoridades, las organizaciones, las economías y las instituciones que encuentra cuando llega. Por eso, antes de preguntarnos qué grupo armado está presente en una región, deberíamos preguntarnos quién ejerce autoridad, cómo se organiza la comunidad, qué intereses están en juego y qué es lo que realmente busca transformar la violencia.
Quizá por eso vale la pena volver a una idea que Camilo González Posso planteó cuando habló de regímenes de poder violento. Más que proponer un nuevo concepto, invitaba a cambiar la pregunta. No bastaba con saber quién ejercía la violencia; había que entender sobre quién recaía, qué formas de autoridad buscaba afectar y qué cambios intentaba producir en el territorio.
Vista así, la organización armada deja de ser el centro de la explicación para convertirse en un actor más dentro de una realidad mucho más amplia. La violencia no busca solo controlar un territorio; busca cambiar quién tiene el poder para tomar decisiones en él.
Eso también ayuda a entender hechos que muchas veces analizamos por separado. El asesinato de líderes sociales, las amenazas contra autoridades indígenas y afrodescendientes, las presiones sobre las juntas de acción comunal, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes o las restricciones a la movilidad de las comunidades no son simplemente distintas formas de violencia. En muchos casos buscan debilitar liderazgos, romper procesos organizativos y quitarles capacidad de decisión a quienes ya ejercían algún tipo de autoridad en el territorio.
En otras palabras, la violencia no solo busca sembrar miedo. También busca redistribuir el poder. Eso explica por qué los grupos armados suelen atacar con tanta fuerza a personas que no representan una amenaza militar. Un gobernador indígena, un presidente de junta de acción comunal, un líder campesino o una lideresa ambiental difícilmente ponen en riesgo la capacidad armada de esas organizaciones. Lo que representan es otra forma de autoridad y de liderazgo. Y, en muchos territorios, esa legitimidad es el principal obstáculo para quienes quieren imponer su dominio mediante la fuerza.
Esa misma mirada ayuda a entender por qué el conflicto colombiano ha persistido durante tanto tiempo. En las últimas décadas han desaparecido grupos armados, han surgido otros, han cambiado de nombre o se han fragmentado. Sin embargo, muchas de las disputas en los territorios siguen siendo las mismas: la tierra, las economías ilegales, los corredores estratégicos, la representación política o el control sobre las comunidades. Cambian los actores; muchas veces permanecen las disputas que les
Durante años el Estado ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en seguir el movimiento de los grupos armados: dónde están, cómo se expanden, cuáles son sus economías y cómo se enfrentan entre ellos. Esa información seguirá siendo indispensable, pero no basta. No explica por qué, cuando desaparece un grupo, otro ocupa rápidamente su lugar ni por qué ciertas violencias continúan aunque cambien quienes las ejercen.
Si aceptamos que los grupos armados llegan a intervenir sobre territorios que ya tienen sus propias formas de organización y de autoridad, entonces la prevención también cambia. Ya no se trata solo de anticipar un ataque o un enfrentamiento. Se trata de identificar cuándo empiezan a debilitarse los liderazgos comunitarios, cuándo las autoridades locales pierden capacidad de decisión, cuándo las economías legales son desplazadas o cuándo las instituciones dejan de ser legítimas para la población. Hay que mirar también estos escenarios de riesgo. En otras palabras, prevenir no consiste solo en seguir a los grupos armados, sino en entender qué está pasando dentro de los territorios.
Lo mismo ocurre con la construcción de paz. Muchas veces hemos pensado que la salida de un grupo armado significa que el problema quedó resuelto. La experiencia colombiana demuestra que no es tan sencillo. Los acuerdos de paz son fundamentales porque salvan vidas y reducen la violencia, pero por sí solos no transforman las disputas que existen en los territorios. Si esas disputas siguen intactas, tarde o temprano aparecerán otros actores para ocupar ese espacio.
Por eso creo que el principal desafío para el Estado no es únicamente recuperar el control del territorio. Es fortalecerlo desde la democracia. Eso significa proteger las organizaciones sociales, reconocer las autoridades propias, fortalecer las instituciones, ampliar las oportunidades económicas y garantizar derechos para que las comunidades puedan decidir sobre su futuro sin depender de quienes ejercen la violencia.
Al comienzo de este ensayo recordaba una escena que se repite después de una masacre o del asesinato de un líder social. Suena el teléfono y la primera pregunta casi siempre es la misma: ¿qué grupo armado fue? Esa seguirá siendo una pregunta necesaria, porque identificar a los responsables es una obligación ética, política y judicial. Pero ya no debería ser la única.
La explicación empieza cuando nos preguntamos qué buscaba transformar esa violencia, qué formas de autoridad pretendía eliminar, qué intereses estaban en juego y por qué ese hecho ocurrió justamente allí y no en otro lugar.
Durante demasiado tiempo hemos intentado leer los territorios a partir de los grupos armados. Tal vez haya llegado el momento de hacer el camino contrario: explicar a los grupos armados a partir de los territorios donde actúan. No es solo una manera distinta de entender el conflicto. Es una manera distinta de pensar cómo prevenirlo.
