Escrito por Enrique Santiago – El País España
Miércoles, 17 Agosto 2016 21:17
Tres escollos a un paso de la paz
Enrique Santiago es asesor jurídico de la delegación de las FARC-EP en la mesa de conversaciones de La Habana semana
La amnistía, la reincorporación de las FARC a la vida civil y la verificación e implementación de los acuerdos están pendientes.
Tras tres procesos de paz fallidos entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejercito del Pueblo (FARC-EP) desde 1984, el más largo y cruento conflicto armado interno del Hemisferio Occidental está próximo a finalizar mediante unas conversaciones de paz iniciadas en noviembre de 2012 en Oslo (Noruega) y desarrolladas en Cuba.
Los acuerdos sobre ‘Cese bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades’, ‘Dejación de armas’ y ‘Garantías de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo’ suscritos el pasado 23 de junio en La Habana, suponen el fin de la guerra iniciada cuando en 1964 los campesinos de la región de Marquetalia -antiguos guerrilleros liberales que desde 1948 confrontaron con los conservadores y las fuerzas militares en la enésima guerra civil colombiana- se alzaron en armas para resistir una vasta operación militar que pretendía expulsarles de las tierras por ellos colonizadas tras el fin de la anterior guerra.
En La Habana se han alcanzado acuerdos que tanto abordan las causas estructurales del conflicto, como pretenden paliar los efectos de este: “Reforma Rural Integral”, “Participación Política”, “Sustitución de cultivos de uso ilícito”, “Descontaminación de Restos Explosivos de Guerra, Municiones sin explotar y minas antipersonas”, “Victimas. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición” y “Búsqueda de personas desaparecidas”.
Estos acuerdos pretenden acabar con la desigualdad económica y social existente entre el campo y la ciudad y garantizar el derecho de propiedad de los pequeños campesinos, poniendo fin al despojo de tierras; erradicar de la acción política la práctica del exterminio físico de los opositores; cerrar definitivamente la frontera agrícola del país, protegiendo la biodiversidad del bosque húmedo y garantizando la comercialización y los precios de cultivos lícitos, ofreciendo así alternativas a los campesinos para sobrevivir sin tener que recurrir a los cultivos de uso ilícito; limpiar de restos explosivos de guerra los campos tras 50 años de guerra que ha convertido a Colombia en uno de los países más contaminado por explosivos; poner en marcha un innovador sistema de justicia restaurativa para la paz que deberá garantizar los derechos de las víctimas y exigir responsabilidades a todos los que hayan sido victimarios, no solo a los combatientes, sino por primera vez también a civiles que han instigado, financiado u organizado el conflicto y la guerra sucia; y dar con el paradero de los más de 50.000 desaparecidos por motivos relacionados con el conflicto interno contabilizados desde los años 80 hasta hoy.
De especial importancia es el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo”, fenómeno estructural en Colombia donde diversos ejércitos privados de extrema derecha en manos de latifundistas y ganaderos, con obvia permisividad del Estado, han exterminado a la oposición democrática y despojado ocho millones de hectáreas, provocando siete millones de desplazados internos que hoy malviven en inmensas bolsas de miseria urbanas.
El éxito del proceso de paz está estrechamente relacionado con la existencia de procesos de integración regional en América Latina desde el inicio del siglo XXI. CELAC, Unasur, Alba, Mercosur, son procesos incompatibles con la existencia de conflictos armados en sus fronteras si quieren resultar exitosos. En ese contexto, el derecho internacional ha sido la legalidad utilizada por ambas partes para construir acuerdos.
Los últimos pasos en los procesos de paz suelen ser los más difíciles y tres son los escollos que quedan para la firma del Acuerdo Final: la amnistía e indulto para combatientes, condenados por causas políticas y protesta social, y por delitos de exclusión social relacionados con el conflicto; el acuerdo sobre “reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses”; y los mecanismos de implementación y verificación de los acuerdos.
Tras haberse alcanzado acuerdos que silencian las armas rebeldes, existe alto riesgo de que el Gobierno colombiano pretenda sustanciar la “reincorporación” a modo de trámite, argumentando la debilidad de las finanzas públicas para eludir la puesta en marcha de programas que reincorporen eficazmente a quienes durante cincuenta años estuvieron alzados en armas. Este error sería trágico, debilitaría el proceso de dejación de armas y acercaría peligrosamente la Colombia del fin de la guerra a lo ocurrido en Guatemala o en El Salvador, países donde los índices de violencia y armas en manos de la población civil son más altos hoy en paz, que durante los años de guerra. Los “fondos de misiones de paz” de Naciones Unidas cuentan con recursos para implementar exitosamente la “reincorporación” durante al menos 5 años, por lo que corresponde a la Comunidad Internacional ponerlos a disposición de Colombia junto a otros compromisos financieros bilaterales, hasta ahora escasos, imprescindibles para la implementación de los acuerdos.
Tras 52 años de guerra, la construcción de confianza entre las partes exige verificar lo acordado, no solamente los compromisos de dejación de armas de las FARC-EP -los únicos respecto a los que hasta ahora se acordó un mecanismo de verificación, mediante la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad-, también los del Gobierno de poner en marcha reformas políticas y sociales estructurales, especialmente lo referido al respeto de los derechos humanos. La verificación debería ser efectuada por la Comunidad Internacional, ampliando el objeto de la Resolución 2261. La Unión Europea podría desempeñar un importante papel, pero para ello deberá corregir el error político y diplomático que supuso la inclusión de la guerrilla colombiana en las listas de organizaciones terroristas tras el 11-S.
