TRES ESCOLLOS A UN PASO DE LA PAZ – ENRIQUE SANTIAGO

por

Camilo Gonzalez Posso

,

Escrito porย  Enrique Santiago – El Paรญs Espaรฑa

Miรฉrcoles, 17 Agosto 2016 21:17

Tres escollos a un paso de la paz

Enrique Santiago es asesor jurรญdico de la delegaciรณn de las FARC-EP en la mesa de conversaciones de La Habana semana

La amnistรญa, la reincorporaciรณn de las FARC a la vida civil y la verificaciรณn e implementaciรณn de los acuerdos estรกn pendientes.

Tras tres procesos de paz fallidos entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejercito del Pueblo (FARC-EP) desde 1984, el mรกs largo y cruento conflicto armado interno del Hemisferio Occidental estรก prรณximo a finalizar mediante unas conversaciones de paz iniciadas en noviembre de 2012 en Oslo (Noruega) y desarrolladas en Cuba.

Los acuerdos sobre ‘Cese bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades’, ‘Dejaciรณn de armas’ y ‘Garantรญas de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo’ suscritos el pasado 23 de junio en La Habana, suponen el fin de la guerra iniciada cuando en 1964 los campesinos de la regiรณn de Marquetalia -antiguos guerrilleros liberales que desde 1948 confrontaron con los conservadores y las fuerzas militares en la enรฉsima guerra civil colombiana- se alzaron en armas para resistir una vasta operaciรณn militar que pretendรญa expulsarles de las tierras por ellos colonizadas tras el fin de la anterior guerra.

En La Habana se han alcanzado acuerdos que tanto abordan las causas estructurales del conflicto, como pretenden paliar los efectos de este: โ€œReforma Rural Integralโ€, โ€œParticipaciรณn Polรญticaโ€, โ€œSustituciรณn de cultivos de uso ilรญcitoโ€, โ€œDescontaminaciรณn de Restos Explosivos de Guerra, Municiones sin explotar y minas antipersonasโ€, โ€œVictimas. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaciรณn y Garantรญas de No repeticiรณnโ€ y โ€œBรบsqueda de personas desaparecidasโ€.

Estos acuerdos pretenden acabar con la desigualdad econรณmica y social existente entre el campo y la ciudad y garantizar el derecho de propiedad de los pequeรฑos campesinos, poniendo fin al despojo de tierras; erradicar de la acciรณn polรญtica la prรกctica del exterminio fรญsico de los opositores; cerrar definitivamente la frontera agrรญcola del paรญs, protegiendo la biodiversidad del bosque hรบmedo y garantizando la comercializaciรณn y los precios de cultivos lรญcitos, ofreciendo asรญ alternativas a los campesinos para sobrevivir sin tener que recurrir a los cultivos de uso ilรญcito; limpiar de restos explosivos de guerra los campos tras 50 aรฑos de guerra que ha convertido a Colombia en uno de los paรญses mรกs contaminado por explosivos; poner en marcha un innovador sistema de justicia restaurativa para la paz que deberรก garantizar los derechos de las vรญctimas y exigir responsabilidades a todos los que hayan sido victimarios, no solo a los combatientes, sino por primera vez tambiรฉn a civiles que han instigado, financiado u organizado el conflicto y la guerra sucia; y dar con el paradero de los mรกs de 50.000 desaparecidos por motivos relacionados con el conflicto interno contabilizados desde los aรฑos 80 hasta hoy.

De especial importancia es el acuerdo sobre โ€œGarantรญas de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismoโ€, fenรณmeno estructural en Colombia donde diversos ejรฉrcitos privados de extrema derecha en manos de latifundistas y ganaderos, con obvia permisividad del Estado, han exterminado a la oposiciรณn democrรกtica y despojado ocho millones de hectรกreas, provocando siete millones de desplazados internos que hoy malviven en inmensas bolsas de miseria urbanas.

El รฉxito del proceso de paz estรก estrechamente relacionado con la existencia de procesos de integraciรณn regional en Amรฉrica Latina desde el inicio del siglo XXI. CELAC, Unasur, Alba, Mercosur, son procesos incompatibles con la existencia de conflictos armados en sus fronteras si quieren resultar exitosos. En ese contexto, el derecho internacional ha sido la legalidad utilizada por ambas partes para construir acuerdos.

Los รบltimos pasos en los procesos de paz suelen ser los mรกs difรญciles y tres son los escollos que quedan para la firma del Acuerdo Final: la amnistรญa e indulto para combatientes, condenados por causas polรญticas y protesta social, y por delitos de exclusiรณn social relacionados con el conflicto; el acuerdo sobre โ€œreincorporaciรณn de las FARC-EP a la vida civil, en lo econรณmico, lo social y lo polรญtico, de acuerdo con sus interesesโ€; y los mecanismos de implementaciรณn y verificaciรณn de los acuerdos.

Tras haberse alcanzado acuerdos que silencian las armas rebeldes, existe alto riesgo de que el Gobierno colombiano pretenda sustanciar la โ€œreincorporaciรณnโ€ a modo de trรกmite, argumentando la debilidad de las finanzas pรบblicas para eludir la puesta en marcha de programas que reincorporen eficazmente a quienes durante cincuenta aรฑos estuvieron alzados en armas. Este error serรญa trรกgico, debilitarรญa el proceso de dejaciรณn de armas y acercarรญa peligrosamente la Colombia del fin de la guerra a lo ocurrido en Guatemala o en El Salvador, paรญses donde los รญndices de violencia y armas en manos de la poblaciรณn civil son mรกs altos hoy en paz, que durante los aรฑos de guerra. Los โ€œfondos de misiones de pazโ€ de Naciones Unidas cuentan con recursos para implementar exitosamente la โ€œreincorporaciรณnโ€ durante al menos 5 aรฑos, por lo que corresponde a la Comunidad Internacional ponerlos a disposiciรณn de Colombia junto a otros compromisos financieros bilaterales, hasta ahora escasos, imprescindibles para la implementaciรณn de los acuerdos.

Tras 52 aรฑos de guerra, la construcciรณn de confianza entre las partes exige verificar lo acordado, no solamente los compromisos de dejaciรณn de armas de las FARC-EP -los รบnicos respecto a los que hasta ahora se acordรณ un mecanismo de verificaciรณn, mediante la Resoluciรณn 2261 del Consejo de Seguridad-, tambiรฉn los del Gobierno de poner en marcha reformas polรญticas y sociales estructurales, especialmente lo referido al respeto de los derechos humanos. La verificaciรณn deberรญa ser efectuada por la Comunidad Internacional, ampliando el objeto de la Resoluciรณn 2261. La Uniรณn Europea podrรญa desempeรฑar un importante papel, pero para ello deberรก corregir el error polรญtico y diplomรกtico que supuso la inclusiรณn de la guerrilla colombiana en las listas de organizaciones terroristas tras el 11-S.

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