COP16 Colombia: ¿“Paz con la naturaleza”?

“Paz con la naturaleza” es el lema de la “Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica” COP16, que se realiza en Cali, Colombia, en octubre de 2024. Debemos decir, aunque parezca tautología, que a la “paz con la naturaleza” son contrarias las guerras internas perpetuas de Colombia y la violencia utilizada para despojar y desplazar poblaciones campesinas y Pueblos étnicos y concentrar la posesión y propiedad de la tierra.

“La Tierra no es sólo el entorno, la Tierra somos nosotros. Inter somos”.

Thích Nhất Hạnh, budista vietnamita

Hay un pacto sagrado mediante el cual

“los seres humanos habitan el territorio y éste a su vez también los habita”.

Leonor Zalabata, líder del Pueblo Arhuaco

“La coexistencia de seres humanos, espíritus de ancestros fallecidos, animales, plantas, minerales, es un todo armonioso”.

Filosofía Yoruba

La “paz con la naturaleza” también es negada por la guerra que se expande en el Mundo, a la cual arrastran a Colombia los compromisos militares con los Estados Unidos, Comando Sur, OTAN, que el actual “Gobierno del Cambio” hereda, mantiene y amplía; y otros que contrae como aceptar la invitación a participar en la “Fuerza marítima combinada” de 41 países, comandada por la Naval de los Estados Unidos, que opera en el Mar Mediterráneo, el Mar Rojo, el Golfo Arábico y el Golfo de Adén.

Según la Embajada de Colombia en Washington, “esta invitación constituye un hito significativo en nuestra relación bilateral y representa un paso importante en el compromiso compartido de garantizar la protección de los océanos y mares del mundo” (EL NUEVO SIGLO, enero 2024). Pero, en realidad, contradice acciones o declaraciones positivas de este Gobierno, como la condena del genocidio de que es víctima el Pueblo palestino.

Es pertinente reiterar que nuestra opción, no alineada con ninguna potencia geopolítica, es la solidaridad internacionalista entre los pueblos.

En esencia, nuestra posición frente a la COP16 es una defensa de derechos, en el marco de una concepción que no separa los seres humanos de la naturaleza.

Defensa del derecho de “la exclusiva soberanía popular”

El Estado colombiano, históricamente, es uno de los actores en el despojo de territorios de Pueblos ancestrales colectivos y de campesinos. Ha desarrollado algunas políticas de “protección” de la naturaleza, que desconocen derechos de territorialidad de campesinos y pueblos indígenas y afrodescendientes. En tiempos recientes, ha implementado políticas de “áreas protegidas” sin la gente, como los “Parques Nacionales Naturales”.

No es “paz con la naturaleza” la militarización de las políticas ambientales. Sin los Pueblos, sin la garantía de sus derechos ambientales y de territorialidad, no hay “protección de la biodiversidad”. Según la Constitución Política de 1991, Art: 3, “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo…”. Principio que es necesario hacer valer… que estamos haciendo valer. Este principio de exclusiva soberanía es opuesto, tanto al neocolonialismo “externo”, como al colonialismo “interno” (González, mayo 2024; Palau, 2023 y 2024).

Con estos y otros planteamientos, fundados en los derechos, hemos polemizado en eventos públicos con la ministra de Ambiente, Susana Muhamad y con otros funcionarios del Gobierno. Los derechos de estos Pueblos, imprescriptibles e inalienables, son reconocidos por la Constitución Política de Colombia y por normas como la Ley 21 de 1991 de la República, aprobatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que reiteran el derecho de los Pueblos étnicos a decidir sobre sus propias prioridades, y a participar en la formulación, aplicación y evaluación de los programas que puedan afectarlos. La Ley 70 de 1993 reconoce los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico. La Sentencia C-169 de 2001 de la Corte Constitucional ratifica a las comunidades negras como sujetos de los derechos que consagra el Convenio 169 de la OIT.

Gracias a la movilización social y mediante acciones jurídicas, que invocan en especial el derecho de la exclusiva soberanía, están suspendidas las obras militares en la Isla Gorgona; que es una territorialidad ancestral, un espacio de vida de los Pueblos, indígenas y negros, del litoral Pacífico, constituido por la isla y su entorno marino … Pero instancias del Gobierno central hacen todo lo posible por impedir el cumplimiento de las sentencias judiciales. Y aún hace falta la cancelación definitiva de estas obras que, además, determinan el riesgo de un ecocidio (Palau, 2023 y 2024).

Por supuesto, no todo es unanimidad en el Gobierno. La vicepresidenta, Francia Márquez, ha discrepado públicamente de la instalación de la base militar naval en la Isla Gorgona.

La geopolítica

El proyecto militar en Gorgona, subordinado a la “estrategia marítima” y a la política de “seguridad hemisférica” de los Estados Unidos, es un punto INELUDIBLE en las discusiones relacionadas con la COP16 (y hay más, la Amazonia, por ejemplo). Esta base, que pretenden minimizar con el nombre de “subestación naval de guardacostas”, hace parte de las vergüenzas que intentan tapar con la COP16, a pesar del lema “paz con la naturaleza”.

En Julio del 2023, las bases navales de Cartagena, Barranquilla y Coveñas, en el Caribe colombiano, fueron epicentro de la versión 64 de la operación “Unitas”; un poderoso ejercicio naval de guerra convencional promovido por los Estados Unidos desde 1959, de gran magnitud y despliegue de fuerzas de 20 países, de los más antiguos e importantes del mundo, coordinado por el Comando Sur de los Estados Unidos (INFOBAE, 2023).

Los ejercicios “Mares del sur 2024” -realizados, una a una, con las armadas de Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Paraguay, que incluyen al poderoso portaviones nuclear Washington, con el Comando Sur de los Estados Unidos -, con toda evidencia son alistamientos de guerra convencional. La llamada “guerra contra las drogas”, es un pretexto falaz que cada vez se invoca menos. Están definidos estos ejercicios como ensayos de “interoperabilidad” en los ámbitos marino, aéreo y submarino (González, junio 2024).

Su ejecución viola preceptos de la Constitución Política colombiana, relacionados con la autorización para el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República (Art. 173).

**Base militar móvil**. Que navega en las aguas jurisdiccionales de nuestros países, escoltada por un destructor y un buque logístico (A24, mayo 2024)

Esta es la clave del asunto: nuestra “pequeña” Isla Ciencia (también la isla Malpelo), es un lugar de gran importancia estratégica en la geografía política mundial. Tanto como el Archipiélago de las Islas Galápagos, en el control de las rutas marinas y la vigilancia de toda la región ístmica del continente. El Archipiélago de las Galápago desde antes de la Segunda Guerra Mundial es considerado vital por los Estados Unidos, así como otras islas del Pacífico y del Mar Caribe, para la vigilancia del Canal de Panamá. De tal época quedan como cicatrices los restos de la base militar norteamericana en la Isla Baltra en las Galápagos, la mayor base aérea y naval de los Estados Unidos del Pacífico sudeste en aquel momento, construida en el año de 1942 y desmantelada en 1946, cuando es devuelta al Estado ecuatoriano (González, 2013).

Pero hay similitudes y diferencias esenciales: la “estrategia marítima” de los Estados Unidos en nuestro continente, en las condiciones presentes, es mucho más articulada y extensa, al tiempo que entrega más responsabilidades a los socios “estratégicos” y “fuerzas combinadas”. Las “estaciones navales” en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, CMAR, financiadas por los Estados Unidos, proyectan ser operadas fundamentalmente por las fuerzas navales propias de cada país, pero con base en un plan articulado y dirigido por las fuerzas militares de los Estados Unidos… con apoyo de una poderosa fortaleza flotante: el portaaviones nuclear Washington, verdadera base militar móvil en nuestros mares.

Además, hay ahora una importancia creciente del extractivismo marino en la geopolítica de la energía. Gorgona se inscribe en la “estrategia marítima” de los Estados Unidos, en función del contexto de conflictividad internacional y de la disputa de las potencias mundiales por el control de zonas de influencia, de las fuentes de recursos naturales estratégicos, como los minerales “críticos” para la “transición energética” presentada como “verde”; y, en especial, para dominar o vigilar las rutas marinas y la conexión interoceánica en relación con la “seguridad” geopolítica y energética (González y Toro, 2024).

La paz y las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente

La “paz con la naturaleza” incluye a los seres humanos; por ello, no podemos dejar de lado, ni minimizar, la defensa de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, de las cuales “al menos 177 de todo el mundo fueron asesinadas en el 2022, con lo que el número total de homicidios entre 2012 y 2022 asciende a 1.910” según informe de Global Witness, del 13 de septiembre de 2023. “Casi nueve de cada diez homicidios registrados en 2022 se produjeron en América Latina, y más de un tercio de todas las agresiones con consecuencias mortales tuvieron lugar en Colombia, por encima de cualquier otro país” (Witness, 2023).

Toda esta situación fue informada a los Gobiernos del mundo antes de reunirse en los Emiratos Árabes Unidos para la COP28, en 2023. Y agrega el documento de Witness: “A pesar de que Colombia ratificó en octubre de 2022 un importante acuerdo regional jurídicamente vinculante que obliga al Gobierno a prevenir e investigar los ataques contra personas defensoras, esta cifra casi duplica el número de asesinatos registrados en 2021”. ¿Cuál es el balance hoy, frente a los propósitos y compromisos de la COP16 que se realizará en Colombia, en octubre de 2024?

Debemos insistir…

¿Podrá tener algún peso efectivo el Tratado entre los países del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, para su “protección” y para garantizar “soberanía y gobernanza”, cuya negociación anuncia lanzar el Gobierno colombiano en la CP16, en este ámbito de subordinación militar a los Estados Unidos y de alianzas, compromisos y ejercicios militares de guerra convencional que no se cuestionan? (González, 2024).

Los mencionados compromisos y acciones militares, que el Gobierno de Colombia mantiene y profundiza con los Estados Unidos, son incompatibles con la “paz con la naturaleza”.

La paz significa para nosotros la defensa integral de la vida. Luchamos contra el ecocidio. Rechazamos la violencia contra la población civil y sus líderes, o los atentados contra funcionarios del Estado (Comunicado, 2024).

Apoyamos la solución negociada del conflicto armado en Colombia. Nuestra lucha ciudadana es por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, por la paz en el mundo y contra la guerra. Por la solidaridad internacional y la fraternidad de los pueblos.

No pretendemos agotar aquí este debate. En otros documentos abordamos, por ejemplo, las políticas en relación con la Amazonia y la creciente injerencia del militarismo “Made in USA” en nuestros países (véase bibliografía).

En relación con la COP16, la paz y los derechos, hay más temas, en especial sobre la nefasta mercantilización de la biodiversidad y la naturaleza. ¡Bienvenidos todos los aportes!