Cumbre del clima en Egipto: plata es plata
Camilo González Posso – Indepaz[1]
7 de noviembre de 2022
Mientras el canciller alemán en una cumbre sobre la guerra llamaba a la Unión Europea y a los países de la OTAN a un Plan Marshall para reconstruir a Ucrania, en Egipto los países azotados por las catástrofes en curso estaban exigiendo que las potencias causantes de la crisis climática asumieran el pago de la emergencia que solo en Pakistán hoy tiene bajo el agua a 20 millones de personas.
Los expertos del Banco Mundial han estimado que la reconstrucción de Ucrania requiere inversiones de más de 350.000 millones de dólares, sin contar gastos de guerra y los 60.000 millones anuales para el pago de la nómina de funcionarios que está demandando Zelenski a sus aliados. En pocas semanas los países de Europa ya han recogido 39.000 millones de dólares para los pagos de esa nómina en 2023 (DW, 2022a) y siguen emulando para invertir hasta en los negocios de post guerra. De las cifras de gasto de la Federación Rusa en esta guerra de agresión no se habla en público, pero con seguridad no se queda atrás.
Paradójicamente, en la Cumbre del Clima (COP 27), los países vulnerados por los impactos del calentamiento global están reclamando 300.000 millones de dólares para la reparación de los daños causados entre 2020 y 2022 por las potencias contaminantes, que son las mismas que determinan la guerra en Ucrania y otras 12 guerras actuales.
No hay acuerdo en la cifra de reparación de daños en un siglo de emisiones descontroladas de gases de efecto invernadero y de destrucción de especies; desde la Cumbre de Rio (1992) hasta ahora las potencias contaminantes, especialmente Estados Unidos y China, se han negado a poner el tema en la agenda y a reconocer formalmente esa deuda. La gran novedad en Sharm el Sheij ha sido que algunos países de Europa – en particular Alemania, Francia y los nórdicos – han aceptado tocar el asunto tolerando que se incluya en la agenda futura con la salvedad de cerrar toda posibilidad a demandas ante cualquier tipo de tribunal obligante.
Las potencias contaminantes no cumplen los compromisos
El pago por reparación de daños se suma a la decisión establecida desde 1992, y ratificada cada año, que obliga a la lista de países llamados desarrollados, y mayores responsables de la crisis climática, a aportar a los países en desarrollo para la mitigación de emisiones y adaptación a la nueva realidad y sus riesgos. En la cumbre realizada en 2010 se definió la contribución a un fondo para apoyar a los países vulnerados con el objetivo de llegar a un mínimo de 100.000 millones de dólares de aportes anuales desde 2020 a 2025. Lo que se ha constatado año a año es el incumplimiento de este compromiso.
Es ilustrativo el balance de aportes al Fondo Verde del Clima que según el último informe está lejos de la meta en cuanto a aportes públicos, limitándose a una cifra acumulada de 10.000 millones de dólares en subvenciones.
El informe de finanzas presentado a la COP27 subraya el contraste entre esos recursos destinados al apoyo a los países vulnerados y las necesidades para cubrir los compromisos de carbono neutralidad según las metas a 2030 (SFC, 2022).
En las reuniones preparatorias, y ahora en Sharm el Sheij, los países de África han reclamado el aporte de los fondos multilaterales para la mitigación y adaptación consignadas en los compromisos de contribución nacional de este continente cuyo monto supera los 2.500.000 millones de dólares para lograr las metas a 2030 y 2050 (SCF, 2022, p.115).
También se unen las voces desde Latinoamérica que estiman en casi 400.000 millones de dólares esos costos; y los de Asía – Pacífico con una proyección de 3.500.000 millones de dólares.
En esta danza de los millones abundan las proyecciones. Así por ejemplo el PNUMA estima que “que los costes de adaptación a los que se enfrentan los países en desarrollo oscilan entre 140.000 y 300.000 millones de dólares al año de aquí a 2030, y 280.000 millones de dólares al año para 2030, y de 280.000 a 500.000 millones de dólares anuales para 2050”. La directora de este Programa de las Naciones Unidas, Inger Andersen, señala que sólo se destinan 133.000 millones de dólares a soluciones basadas en la naturaleza, e indica que “deben triplicarse de aquí a 2030 para alcanzar los objetivos de neutralidad climática, natural y territorial”. Para completar el panorama hay que sumar los cálculos en mitigación (PNUMA, 2022).
Muchas de estas cifras se encuentran en el informe presentado en Egipto por el Comité Permanente de Finanzas (SCF) que tiene el encargo de hacer seguimiento al Plan de Ejecución de la Financiación para el Clima. Ese informe no logra disimular, en medio de disquisiciones sobre metodología y fuentes, el incumplimiento de los compromisos de las potencias contaminantes de pagar por los daños causados y aportar a la mitigación y adaptación en los países vulnerados.
El informe sobre las finanzas para el clima entregado en la COP27 mete en una misma bolsa lo que son aportes no reembolsables al Fondo Verde del Clima, aportes bilaterales, recursos destinados a crédito e inversión desde empresas privadas, para llegar a una suma de aporte anual en 2022 de 40.120 millones de dólares. (SCF, 2022, p.112). De ese total lo que en realidad corresponde a compromisos de aportes al Fondo Verde suma 10.300 millones de dólares, de los cuales han entregado solo 4.100 millones en desembolsos efectivos y pagarés, como muestra el seguimiento que hace la Fundación H. Boll (Schalatek – Boll, 2022, p.4). En la tabla de aportes efectivos no figura Estados Unidos, ni China, ni Rusia.
Los analistas de las finanzas del clima advierten que hay una distancia grande entre los registros de aporte anual, la disposición efectiva de los recursos y lo que llega directamente a los países y poblaciones afectadas. Solo el 20% llega directamente y lo demás es administrado por bancos y agencias multilaterales que elevan escandalosamente los costos de transacción y el pago de tecnócratas, de modo que reducen a menos de la mitad los traslados efectivos.
Deuda soberana y un fondo amazónico – andino
El presidente de Colombia ha propuesto que, como parte del apoyo a las finanzas para la respuesta desde Latinoamérica a los retos del cambio climático, se pacte en los escenarios multilaterales de Naciones Unidas y en el Fondo Monetario Internacional un cambio de pago parcial de la deuda externa por inversiones de adaptación al cambio climático, en especial con lo que se llama soluciones basadas en la naturaleza.
Esa misma propuesta de canje de deuda por naturaleza tuvo su primera experiencia en 1987 cuando Bolivia logró negociar una porción de su deuda para destinar los recursos a la preservación de la Reserva Beni. Desde los años ochenta se han firmado convenios en varios países, como los de las Reserva Amistad en Costa Rica y para la protección de las Islas Galápagos en Ecuador.
Un Canje de Deuda por Naturaleza consiste en un acuerdo mediante el cual un país en vías de desarrollo que tiene una deuda con otro país se compromete a crear un fondo en moneda local para financiar proyectos que ayuden a conservar sus bosques tropicales, a cambio de la cancelación de una parte de esta deuda. (Canje, 2020)
En una línea más radical se ha propuesto la condonación de la deuda externa y se han tenido pronunciamientos como el de la Cumbre de los Pueblos convocada por Bolivia en octubre de 2015 que acordó “Exigir que los países desarrollados acaten la decisión de la ONU sobre los principios relativos a los procesos de Restructuración de Deuda Soberana, mediante los cuales se eliminan los fondos buitre y el pago de la deuda ilegítima” (Cumbre, 2015).
Las soluciones basadas en la naturaleza incluyen, como recuerda el PNUMA, la preservación, restauración y recuperación de sumideros como los manglares, bosques, océanos. La preservación y restauración de manglares es importante para la captura de gases de efecto invernadero y sobre todo para preservar ecosistemas y amortiguar impactos asociados al calentamiento y acidificación de los mares. En los océanos el plancton, los corales y todas las especies absorben cerca de la mitad del CO₂ de la atmósfera, y otro tanto hacen los bosques entre los que ocupan un lugar central los amazónicos, los de ecosistemas costeros, andinos y los de las cuencas de los grandes ríos.
La selva amazónica, con sus 5,5 millones de kilómetros cuadrados, tiene el 30% del total de la biodiversidad continental. Durante siglos la Amazonía ha sido un subsistema clave para un equilibrio planetario por su capacidad de absorción de las emisiones de CO₂, metano y otros gases y la capacidad de absorción. Pero en las últimas décadas, especialmente la parte sur, está pasando a ser un emisor neto de gases de efecto invernadero. Más del 20% de la superficie amazónica ha sido deforestada. La dinámica destructiva ha cobrado tal velocidad que algunos estudios indican que en segunda mitad de este siglo la mitad de la Amazonía podría transformarse en sabanas con arbustos, sin el bosque ni la biodiversidad que la caracteriza (National Geographic, 2021). Es un efecto en cadena:
Por ejemplo, los humedales más secos y la compactación del suelo por la tala pueden aumentar las emisiones de óxido nitroso, otro gas de efecto invernadero. Los incendios para el despeje de tierras liberan carbono negro, pequeñas partículas de hollín que absorben la luz solar y aumentan el calor. La deforestación puede alterar los patrones de precipitación, y secar y calentar el bosque aún más. Las inundaciones regulares y las construcciones de represas liberan el potente gas metano, como también lo hace la ganadería, una de las principales razones por la que los bosques se destruyen. Y aproximadamente el 3,5 por ciento de todo el metano liberado del mundo proviene naturalmente de los árboles de la Amazonía (NG, 2021).
Se ha demostrado que la praderización para ganadería, la tala para la megaindustria de la madera, el avance de los monocultivos de soja, son los motores de la destrucción amazónica que se suma con los incendios y la explotación minero-energética. Pero se ha olvidado que ese subsistema depende también del conjunto de las condiciones planetarias que, con la saturación de gases de efecto invernadero y la alteración de los ciclos hídricos y la lluvia ácida, afectan los procesos de fotosíntesis, a la vida y a los suelos. Mueren tantos bosques y especies en la Amazonía como consecuencia de la acción directa de esos motores de destrucción, como por la reducción del ciclo vital de los árboles y ecosistemas que los vuelve vulnerables a las temperaturas extremas y al aumento del nivel y del tiempo de las inundaciones que producen bosques sumergidos. Al CO₂ neto producido se agrega el metano.
Esto quiere decir que, con el impacto planetario del calentamiento de la temperatura media de los mares, de la desertificación, del cambio en la composición de gases de la atmósfera y de los ciclos del agua, se tienen impactos depredadores en la Amazonía y en todos los ecosistemas de bosque y sumideros del planeta. La mano invisible de la civilización fósil adicta y de hiperconsumo se vuelve visible en la destrucción de las especies.
La interacción permanente entre la selva, las cuencas y la montaña, entre la Amazonía, los andes, los cuerpos de agua y los océanos, implica que la crisis climática de ecosistemas compromete a todos los países de Latinoamérica y que es parte esencial de la catástrofe ecosistémica mundial.
Son muchas las evidencias científicas que permiten afirmar que los mayores responsables del calentamiento global son también los mayores responsables del desequilibrio en los sumideros del planeta. Y esta es una razón más que han tenido los defensores de la tierra en Latinoamérica para demandar el aporte de las potencias contaminantes a los fondos especiales para la defensa y recuperación de los ecosistemas amazónicos y andinos.
Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2021), se necesita más de 200.000 millones al año hasta el 2050 para soluciones basadas en bosques en el planeta. Con esa cifra de referencia, se puede estimar que la inversión en la Amazonía es la cuarta parte de esa suma.
El presidente Gustavo Petro cuando anunció su decálogo en la COP27 puso un plante de 200 millones de dólares año, 5.600 millones de dólares hasta 2043. Ese esfuerzo converge con la Declaración de Leticia (2018) y con los anuncios de Noruega, Alemania y Reino Unido de aportar al fondo de “donaciones” para enfrentar la deforestación (FCDS, 2022). Pero para acercarse a cifras que calcula Naciones Unidas se necesitan aportes de las mayores potencias contaminantes, en particular de Estados Unidos y China.
Además, hay que decir que no basta con la existencia de fondos amazónicos en cada país con territorio en la cuenca. Se necesita la coordinación entre todos y con el conjunto del subcontinente definiendo criterios de soberanía, respeto a los pueblos ancestrales, no militarización, bloqueo a los feudos de multinacionales que pretenden controlar territorios de bosques y biodiversidad. Se necesita un pacto Latinoamericano que, como ha dicho Lula, permita la negociación en bloque ante los centros de las potencias contaminantes.
Rebelión inteligente por la vida o catástrofe irreversible
Estas cumbres mundiales sobre el cambio climático, como la que se realiza en Sharm el Sheij, Egipto, sirven para mostrar que la crisis socioecológica ha llegado ya a nivel de catástrofe planetaria, sobre todo porque las potencias contaminantes están concentradas en sus intereses particulares.
También sirven para fortalecer las alianzas entre voces y movimientos que buscan un nuevo pacto, mundial y desde el sur, para un cambio de paradigma que permita enfrentar a la civilización fosiladicta y depredadora. El reto es cambiar el curso de un sistema global que mantiene y acelera el calentamiento global, sistema que se reproduce multiplicando la contaminación, la destrucción de especies y de ecosistemas, el despilfarro, la desigualdad, el consumo suntuario y la obsolescencia programada.
La gran alianza por la vida y la defensa de la casa común no tiene como línea divisoria norte vs. sur sino entre la dinámica de las potencias contaminantes y sus instrumentos de hegemonías y la resistencia activa desde los sectores y pueblos vulnerados. En un lado están los que vuelven lucro el desastre y en el otro la emergencia, en todas las latitudes, de sujetos de cambio sustentados en la ética de la vida y en la conciencia de que hoy el dilema es: rebelión inteligente por la vida o de catástrofe en catástrofe hasta el punto de no retorno.
Referencias:
Canje por Naturaleza, (2020). Segundo canje por naturaleza. Recuperado de https://canjeporbosques.org/
Cumbre, (2015). Declaración de la Cumbre de los pueblos en defensa de la madre tierra. https://www.cambioclimatico-bolivia.org/index-cc.php?palabra=cumbre%20de%20los%20pueblos&cod_aporte=290
Declaración de Leticia por la Amazonía. (2019). Recuperado de https://archivo.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4448-en-la-cumbre-por-la-amazonia-se-firmo-el-pacto-de-leticia-un-acuerdo-que-establece-enfrentar-muchas-de-las-causas-de-la-deforestacion
National Geographic, NG. (2021). El primer estudio de los gases de efecto invernadero en la selva amazónica. Recuperado de (https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2021/03/el-primer-estudio-de-los-gases-de-efecto-invernadero-de-la-selva-amazonica-sugiere-que-estan-empeorando-el-cambio-climatico )
PNUMA, (2021). Se necesita invertir 81 billones en la naturaleza. Recuperado en https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/se-necesita-invertir-us-81-billones-en-la-naturaleza
Schalatek – Boll, (2022). El Fondo Verde. Fundamentos del financiamiento para el clima. Recuperado de https://climatefundsupdate.org/wp-content/uploads/2022/03/CFF11-GCF_ESP-2021.pdf
SFC, 2022). Informe de las finanzas del clima. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/climate_finance_report.pdf
[1] Ingeniero Químico, Master en Economía, doctorando en Pensamiento complejo
