Camilo González Posso
Bogotá D.C. 28 de mayo de 2018

El 17 de junio se va a resolver el referendo sobre los acuerdos de paz que quedó casi empatado el 2 de octubre de 2017. El gran dilema de la sociedad colombiana en las elecciones presidenciales no es entre izquierda y derecha, economía de mercado o más regulación estatal y ni siquiera entre menos impuestos a los ricos o impuestos progresivos; muchos de esos dilemas están en juego pero lo central es si se resuelven en una transición al post conflicto respetando los acuerdos de paz suscritos y avanzando a otros de solución pacífica negociada o si retrocedemos a las incertidumbres de la guerra como pretexto para refundar el Estado tal como se propuso el proyecto de ultraderecha que pacto el uribismo y sus aliados de los años noventa y principios de siglo.

Iván Duque, el candidato de Álvaro Uribe Vélez, ha dicho que no va a hacer trizas los acuerdos de paz pero que va a cambiar puntos importantes como el Sistema Integral de Justicia, las garantías políticas para el nuevo partido surgido de los acuerdos, temas de reforma rural y de política antidrogas y de cultivos ilegalizados. Su idea es no hacer trizas los acuerdos sino cambiarlos casi todos en lo que es esencial, en lo que hizo posible que luego del triunfo del No en el referendo se confirmaran con algunos cambios en el Teatro Colón.

Lo que pretende Duque, siguiendo a la letra a su mentor, es reducirle funciones a la JEP e introducir penas con cárcel para los jefes de las FARC al tiempo que impunidad a los políticos, gobernantes, negociantes y armados que fueron participes o cómplices de los mal llamados falsos positivos y de la desposesión campesina de cerca de 10 millones de hectáreas. En reforma política lo que han anunciado es la muerte de la Constitución Política de Colombia para establecer un Estado Comunitario, con un congreso unicameral, desaparición de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que aún tiene a su cargo procesos de parapolíticos afines al uribismo, acabar con la tutela, la consulta popular local y los derechos territoriales étnicos. En lugar de la reforma rural integral, con fondo de tierras y catastro multipropósito previstos en los pactos de paz, Duque ha anunciado que favorecerá los macroproyectos agroindustriales y extractivos con alta concentración de la propiedad y uso de la tierra al estilo del cerrado brasilero. En lugar de una política de desarrollo con enfoque territorial que permita reconvertir las economías cocaleras en productivas y legales, Duque se alinea con la presión de Trump de desconocer lo pactos voluntarios de sustitución e iniciar una ofensiva de represión y erradicación forzada contra 400.000 familias que están inmersas en las regiones cocaleras y hoy se han comprometido con el gobierno a pasar a otra economía. En lugar de una nueva visión de la lucha antidrogas que ha sido reconocida por Colombia y por los acuerdos, Duque se alinea con el inicio de una nueva guerra antidrogas y endurecimiento del prohibicionismo. En lugar de restitución de tierras a los 8 millones de víctimas desplazadas Duque privilegia el estímulo a los macroproyectos y se alinea con la tesis de Uribe de rechazo a las aspiraciones territoriales de los indígenas y consejos comunitarios negros. A los excombatientes de las FARC no les da garantías y a los dirigentes los condenó ya sin formula de juicio como narcotraficantes dignos de extradición. Y así sucesivamente, lo que no queda duda es que la opción de Duque es el desconocimiento de la solución negociada y por lo tanto una vuelta a las estrategias de la guerra. Por eso al ELN le ofrece como alternativa sólo la rendición tal como hizo Álvaro Uribe cuando las conversaciones en La Habana en el 2005.

La oferta programática de Petro es sencilla: cumplir con la Constitución de Colombia que aprobó la Constituyente de 1991 haciendo realidad el Estado Social de Derechos y cumplir con los acuerdos de paz y la ampliación de democracia, justicia y participación que en ellos se consignaron. Esa es la línea divisoria hacia la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Para que ese Estado Social tenga vigencia Petro propone darle sentido a los derechos colectivos y del ambiente haciendo en realidad en Colombia lo suscrito en el Acuerdo de París sobre cambio climático y dando un combate sin cuartel a la corrupción y a las mafias enquistadas en el Estado y en la economía.

Durante la campaña se han escuchado debates sobre muchos temas y en algunos de ellos se puede tener diferencias con propuestas de Petro. Lo cierto es que en un gobierno de Petro todas ellas serán debatidas en el Congreso, en las Cortes o en mil escenarios sin que a críticos y a opositores los asedien con estigmatización ni con sicarios. Con Duque y Uribe desconociendo los acuerdos y en ambiente de guerra lo más probable es que se vuelva a la intolerancia con los opositores a calificar a los críticos como enemigos; para ellos quienes hablan de paz con justicia social, equidad, justicia tributaria, solidaridad, equidad de genero o de país pluriétnico y diverso como dice el preámbulo de la Constitución, son populistas castrochavistas, enemigos de las empresas, malos gerentes, resentidos sociales, déspotas, idiotas útiles, etc, etc.

En la primera vuelta este 27 de mayo los candidatos que defienden los acuerdos de paz lograron la mayoría de los votos. Esta matemática muestra que es posible que Petro gane las elecciones el 17 de junio. Pero la realidad es más compleja y son muy fuertes los intereses de quienes piensan que ganan más si se prolonga un Estado de Guerra en el cual puedan pescar en río revuelto. Pero en época de mundial se sabe que el partido termina sólo cuando suena el pito del último segundo.

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