El gobierno se ha empeñado en diluir la responsabilidad del Estado en la configuración de una situación prolongada de violencia generalizada y masivas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
 

El Ministro del Interior y Justicia presentó la posición del gobierno sobre el proyecto de ley conocido como “ley de víctimas” que en la segunda semana de diciembre de 2008 estaba a la espera del debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. La última concesión fue hecha ante el relator de Comisión Interamericana de derechos humanos, señor Victor Abramovich, aceptando que en la ley se mencionen no solo a miembros de la fuerza pública sino a “agentes estatales” como posibles victimarios cuyos daños pueden ser objeto de reparación; también aceptó el Ministro que se eliminara del proyecto el tope a la reparación por vía judicial que se pretendía limitar al que fija el decreto 1290 sobre reparación administrativa.

Después de más de un año de debates sigue en pie la pregunta sobre el verdadero alcance de este proyecto de ley que sufrió los primeros recortes en el Senado y quedó reducido en 122 de los 135 artículos a la compilación de normas ya existentes y a la reiteración de algunos de los principios consignados en informes y declaraciones de instancias internacionales. Los otros 13 artículos son los de mayor debate en la Cámara.

En el  Senado de la República el gobierno y parte de su bancada lograron entre otros que la ley no se refiriera “a la noción de conflicto armado, la supresión de los artículos referentes a la responsabilidad del Estado por el daño emergente y lucro cesante, la eliminación de la reparación patrimonial de bienes muebles, la exclusión de las víctimas de agentes del Estado” (Ponencia del Gobierno en la Cámara).

En la Cámara se completó la tarea de recortes, se limitó la definición de víctima al tipo de victimario y se condicionó la reparación por daño de agente del Estado a la existencia de sentencia ejecutoriada. Además se excluyen las víctimas de violaciones posteriores a la sanción de la ley y se mantienen los términos de reparación administrativa parcial del mencionado decreto 1290/2008.

Como van los debates, la ley en curso está lejos de la idea inicial de un Estatuto de derechos de las víctimas y de institucionalizar instrumentos efectivos de garantía y exigibilidad. No se avanza en el acceso a la justicia, ni se contrarrestan las prácticas actuales que supeditan la justicia frente a crímenes atroces a las peticiones de extradición por narcotráfico. Se mantiene en el limbo de una amnistía de hecho a más de 19.000 exparas y no se altera el panorama de justicia gota a gota que después de 3 años de la Ley 975/2005,  se han imputado cargos a menos de cinco de los 3.200 enlistados como criminales atroces. Menos se toman iniciativas para hacer efectiva la entrega de bienes legales e ilegales de los victimarios para que sirvan a la reparación de las víctimas. Los exparas y para políticos seguirán tranquilos con más de 3 millones de hectáreas que han usurpado sin que se adopten, en esa ley o en otras, medidas efectivas; incluso seguirán aspirando a ser los compradores de las tierras incautadas y que la DNE se empeña ahora en vender para macro proyectos agroindustriales sin medidas cautelares de los derechos de sus propietarios originales.

El gobierno se ha empeñado en diluir la responsabilidad del Estado en la configuración de una situación prolongada de violencia generalizada y masivas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Se pretende mantener la ficción de una situación de violencia producida solo por grupos armados ilegales contra la evidencia de décadas de acción, complicidad u omisión estatal ante crímenes atroces. Incluso se va en contravía de los principios internacionalmente establecidos para estas situaciones de masivas y prologadas violaciones que responsabilizan a los estados por la reparación a las víctimas y por la efectiva acción de repetición contra los bienes de los victimarios no estatales en el caso de ser los directos perpetradores.
Como van las cosas, en lugar de Estatuto de Derechos de las víctimas, vamos a seguir con la colcha de retazos y con la tarea pendiente de una autentica política de Estado en este campo esencial para la construcción de la paz.