La seguridad democrática, si atendemos a su etimología, es mucho más que la defensa militar de los ciudadanos ante la agresión de delincuentes. Es también la seguridad de los valores democráticos y la inviolabilidad de la vida privada de las personas.

10 de junio de 2009

Las “chuzadas” del DAS dan miedo, pero también son producidas por el miedo.

Siguen las graves denuncias sobre las operaciones que se han ejecutado desde el DAS para espiar a decenas de personas y vulnerar derechos humanos básicos como el de la intimidad, el de la libre expresión de opinión y el de la inviolabilidad de las comunicaciones, todos ellos consignados explícitamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional y las leyes.

El más reciente informe de la Fiscalía ha revelado el alcance de esta tarea “fisgona” e intrusiva, pero al mismo tiempo amedrentadora y escalofriante. A muchas de las personas espiadas, no sólo “chuzadas” en sus teléfonos, les esculcaron su vida privada, leyeron todo su correo electrónico, investigaron a sus hijos, padres y parientes haciéndole seguimiento a muchos de estos. Sus casas fueron fotografiadas y analizadas con detalle, hay reportes minuciosos de sus residencias por fuera y por dentro.  Sus cuentas bancarias y el manejo de sus finanzas también han sido registrados con lupa.

Le pido al lector que por un minuto se imagine que alguien tiene acceso a todo su correo electrónico y lee todo lo que hay en él. Este sólo hecho produce una profunda desestabilización del afectado. Imagine que también es víctima de un grave delito originado en instancias estatales.

¿A quienes se ha seguido con esta saña y perversidad? Con pocas excepciones, a personas incómodas para el Gobierno, o  cuyas actividades son percibidas como una amenaza: magistrados de la Corte Suprema, abogados de izquierda defensores de derechos humanos, activistas de ONG reconocidos por su posición crítica frente a ciertas medidas del Gobierno, políticos de la oposición, especialmente los de izquierda, y periodistas entre otros.

Sin ninguna orden judicial funcionarios públicos han patrocinado, dirigido y ejecutado estas acciones dignas de las más tenebrosas dictaduras.

¿Por qué sucede esto? Conociendo a muchos de los afectados, bien de manera directa y personal, o bien en su vida pública a través de los medios, no me cabe duda que para nada patrocinan ni el terrorismo ni la desestabilización del Estado. Algunos son vehementes en su postura ideológica y política, pero no por ello son una amenaza pública.

La motivación para hacer este espionaje es la paranoia presente en la actividad política y la gestión de gobierno. Esta visión distorsionada está fundada en el miedo que se siente desde el poder hacia aquellos que no comparten una visión, una perspectiva, o que la critican y censuran.

Bajo el manto y la apariencia de gran fortaleza, fenómenos como la utilización del DAS para la ilegalidad y el delito lo que muestran es un profundo temor ante quienes piensan y opinan diferente, y muestran también el desprecio por el Estado de Derecho.  El temor muchas veces induce a imponerse desde la fuerza o el abuso del poder.

Ojalá la investigación por estos hechos establezca responsabilidades, que podrían estar bien arriba en la pirámide gubernamental. Que el proceso judicial avance es supremamente importante para sentar un precedente y evitar que se repitan estos hechos. Hay elementos básicos de la democracia que están en riesgo y la oscuridad en este episodio no servirá para su protección.

La seguridad democrática, si atendemos a su etimología, es mucho más que la defensa militar de los ciudadanos y las instituciones ante la agresión y las amenazas de delincuentes, tengan o nó motivación política. Es también la seguridad de los valores democráticos, entre ellos la inviolabilidad de la vida privada de las personas. Por ejemplo, la protección de la correspondencia y la necesidad de autorización judicial para investigar las finanzas personales hacen parte de una auténtica seguridad democrática.

La división radical en amigos y enemigos, promovida por el Gobierno, es muy dañina y va deteriorando la convivencia. A una escala mucho mayor fue esta división perversa y un odio inyectado desde arriba lo que desató guerras como las de los Balcanes y  Rwanda, con sus millones de muertos.

Este no es el caso de Colombia, pero sí se puede afirmar que esta visión en blanco y negro, de bueno y malo, ha producido un gran daño al país. Tal vez poco visible para muchos, pero tan dañino como otras violencias evidentes.