Un fraude a la Constitución: asistencia militar y protesta social
(A propósito de la decisión del Consejo de Estado)
Armando Novoa García
Ex – presidente Comisión Especial Legislativa
Ex –magistrado Consejo Nacional Electoral
En la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso en esta legislatura, el presidente Duque defendió las actuaciones de las fuerzas de policía y las medidas adoptadas por su gobierno para enfrentar la protesta social. Duque insistió en que la Policía actuó “con el más alto estándar de derechos humanos” y censuró el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El presidente fue ovacionado por la mayoría de los congresistas.
Pero, pocos días después, el Consejo de Estado concedió una tutela en favor de varios ciudadanos de Cali por las actuaciones de la Presidencia de la República, los Ministerios de Defensa e Interior, las Fuerzas Militares, la Gobernación del Valle del Cauca y el Municipio de Cali. Reclamaban sus derechos fundamentales a la protesta social, la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros. La decisión cuestiona las medidas adoptadas
por el gobierno nacional para enfrentar las protestas y la conducta de la fuerza policial.
El aspecto central de la controversia entre el ejecutivo y la justicia, con profundas implicaciones para la democracia y las libertades públicas, se encuentra en la figura de la “asistencia militar”.
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